Es errónea la estrategia del Ejecutivo federal que planea entregar todo tipo de apoyo de forma directa a la ciudadanía, pretextando que quitando a las organizaciones de la sociedad civil, que, según dice, fungían como intermediarios, se logrará un ahorro sustantivo y se evitará la corrupción, gran bandera de lucha del actual sexenio. López Obrador parece decidido en muchas ocasiones a meter a toda su oposición en el mismo costal, afirmando que todo lo que no sea el gobierno es sinónimo de corrupción. No toma en cuenta que son precisamente los activistas sociales y los colectivos los que han logrado, con más voluntad que recursos, suplir la falta de apoyo de las autoridades y llenar los vacíos que dejan las insuficientes políticas públicas en determinadas temáticas.

Fueron las OSC las que lograron bajar el porcentaje de personas que viven con VIH sin saberlo, a través de campañas de prevención, aplicación de pruebas rápidas y seguimientos. Fueron también las OSC quienes empezaron a dar refugios a las mujeres víctimas de violencia, cuando al gobierno parecía no preocuparle las condiciones en las que viven diariamente miles de mujeres en México. Estas asociaciones civiles y colectivos han sumado años de experiencia y conocimiento de las problemáticas que aquejan a las comunidades y son pilares importantes del desarrollo social.

Existen casos muy concretos en los que entregar apoyos directos a los que lo necesitan sirve para mejorar su calidad de vida, pero hay muchos otros en los que los ciudadanos no necesitan una pensión bimestral, sino la protección del aparato estatal. No todas las condiciones negativas que afectan a los gobernados son consecuencia directa de la pobreza material y los bajos ingresos, sino de la falta de políticas públicas adecuadas y de la intervención y participación activa del Estado como garante del bienestar social y regulador de la vida colectiva.

Pretender que la entrega directa de recursos a los gobernados va a solucionar todos los problemas puede tomarse ya sea como un abandono o desinterés del gobierno a cumplir con su función primordial, ya sea como un mecanismo clientelar de asistencialismo con fines electorales, asegurando el voto de miles de mexicanos a través del condicionamiento de los recursos, o bien como un profundo desconocimiento necio de la autoridad al abordar las problemáticas sociales. Los grandes aciertos de aumentar la pensión a los adultos mayores, otorgar nuevas a personas con discapacidad, becar a todos los estudiantes de bachillerato y ampliar la cobertura educativa a nivel superior pueden verse severamente opacados por la lamentable decisión de pretender solucionar con dinero aquello que es un problema estructural y con trasfondo social.

EXTRA: aprobada la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, es responsabilidad ahora de las legislaturas locales decidir si apoyan la reforma constitucional o la rechazan. Considerando su historial de actuaciones, la reforma pasará sin problema.