Cada vez se ve más cercana y menos imposible la idea de que las iglesias y asociaciones religiosas puedan acceder a canales y frecuencias de radio y televisión. Lo que en otros tiempos hubiese sido considerado una violación al Estado laico hoy es visto por el Ejecutivo como una herramienta para moralizar a la sociedad y así contribuir a la prevención del delito y el combate a las “conductas antisociales”. El presidente Andrés Manuel solicitó a la Secretaría de Gobernación que preparara una iniciativa, impulsada por la iglesia evangelista, para que estas agrupaciones tengan acceso a los medios de comunicación electrónicos.

Y quizás el simple hecho de poder evangelizar a los mexicanos por televisión o que las distintas religiones puedan hablar de su fe en la radio no es lo cuestionable de la iniciativa: al fin y al cabo nuestra Constitución consagra el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de culto y tampoco son contenidos nuevos, ya que en algunos canales es posible seguir una misa católica por televisión local o ver programas cuestionables y cuyo fin es el adoctrinamiento como “La rosa de Guadalupe”. Sin embargo, el foco de atención de quien suscribe se presenta en la pretensión detrás de estas iniciativas y aperturas por parte del gobierno: moralizar a la sociedad.

Desde un punto de vista optimista, el moralizar (hacer que alguien tenga un comportamiento o adquiera caracteres morales) no parece tan mala idea en un país con graves problemas que fácilmente pueden atribuirse a una descomposición social o a la ausencia de valores y principios. Pero la realidad es que, a diferencia de las leyes, las normas morales dependen del grupo que las imponga y les de valor, de tal suerte que la moral de unos puede no ser la moral de otros. Por eso el hecho de que instituciones religiosas, tengan el nombre y la filiación divina que tengan, pretendan que la sociedad se ajuste a determinada moral puede resultar en conflictos diversos e incentivar la división en un país ya de por sí dividido.

Recordemos que muchas de estas “morales” tienden a ser contrarias al espíritu de la norma jurídica e incluso hay temas en los que están declaradamente en contra, como en ciertos Derechos Humanos reconocidos en beneficio de todas las personas sin distinción. En este tenor, no resultaría extraño que una apertura mayor a estos contenidos en radio y televisión llevara al paulatino desgaste del orden normativo jurídico y laico.

Como ejemplo podemos citar la probable iniciativa de una Ley de Moral Pública en Yucatán, que, según dicen algunos, podría estar próxima a presentarse en el Congreso local, o la Constitución Moral de Andrés Manuel que, aunque su cumplimiento no puede –aún- suplir los máximos mandatos de nuestra Constitución, sí refleja la intención de dictar un tipo de comportamiento “deseable”. Habrá que preguntarnos qué es deseable y si lo es para todos o solo para unos cuantos.