Gracias al Congreso local se abrió en el estado un debate que, a estas alturas de los tiempos, debería estar por demás concluido: los derechos humanos puestos a consulta.

Si bien es cierto que no es la primera vez que los legisladores piden las opiniones de los ciudadanos -cuando se ha tratado de nombramientos especiales se ha solicitado el pronunciamiento de los yucatecos-, sí es la primera ocasión en que una iniciativa de ley se somete a una especie de consulta popular, alegando que es necesaria la participación de la gente e invocando a los espíritus de la democracia y la transparencia. La intención pasaría como de lo más noble, de no ser porque este mismo “ejercicio democrático y de participación” no lo han llevado a cabo en otras iniciativas –no estaría mal que nos preguntarán sobre su salario, por ejemplo-. Peor aún, plantean que los ciudadanos opinen si un derecho humano debe ser reconocido por la Constitución local y la legislación secundaria.

Es bien sabido por los yucatecos que nuestros diputados tienen por fuerza de ley que decidir si aprueban o no una reforma que reconozca las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, tal y como hoy se les reconoce a las personas heterosexuales. Independientemente de nuestra postura personal, lo que sale a relucir es el poco entendimiento o pleno desconocimiento de la ciencia y técnica jurídicas de quienes nos representan en el Congreso. Ya sea por mandamiento constitucional que prohíbe la discriminación en su artículo 1º o reconoce el derecho a la familia en el 4º, así como diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, lo cierto es que no hay nada que opinar.

Desde el año 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado jurisprudencia (43/2015), declarando inconstitucionales las normas estatales que establezcan la figura del matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer y cuya finalidad sea la procreación. El máximo tribunal ha considerado violatorio de la Constitución federal impedir que las personas del mismo sexo adquieran el vínculo matrimonial, de tal suerte que los diputados o demuestran una soberbia ignorancia de las leyes mexicanas o solo simulan la participación ciudadana para lavarse las manos y tratar de evitar el costo político que acarrean las iniciativas de este tipo.

Pero incluso si la máxima autoridad judicial del país no hubiese sentado la jurisprudencia relativa, sería una regresión y un absurdo social y jurídico consultar a los ciudadanos un derecho. ¿Qué pensaría usted si se sometiera a votación su derecho a la salud, al agua, a un salario digno, a practicar la profesión u oficio que quiera, a tener una familia, a la educación? La naturaleza de los derechos humanos es que se tienen por el simple hecho de ser persona y no dependen de los demás. Así que, señores diputados, de no ser por desconocimiento, dejen las simulaciones y hagan lo que les mandata la ley.