No limitándose a las consultas populares sin sustento jurídico, el presidente envió el martes anterior un memorándum a parte de su gabinete, en el que “sugería” cesar la aplicación de los mecanismos de evaluación y permanencia docente emanados de la reforma educativa peñista. Si bien el autor de esta columna concuerda con López Obrador con que dicha reforma de educativa no tiene nada y que fue más que inservible para mejorar la calidad de la educación del país, es necesario señalar que la pretensión del jefe del Ejecutivo federal, aun cuando posteriormente se justificó alegando una estrategia política, es contraria a las formas más elementales del Derecho.

Hasta el día de hoy, ni siquiera el presidente de la República tiene la facultad de detener la aplicación de un mandato constitucional. Insinuar que a través de un oficio sin fundamento legal se derogue contenido de nuestra Carta Magna solo puede revelar el máximo absurdo o un autoritarismo velado. Salvo la votación positiva de 2/3 partes del Congreso de la Unión y la ratificación de la mayoría de los congresos locales que deroguen o sustituyan la norma, la reforma educativa deberá mantener su vigencia.

Y a propósito de la legislatura federal, a punto de cerrar este segundo periodo ordinario –se van el 30 de abril-, se han acumulado más de 70 dictámenes en las comisiones para discutirse en el pleno. Esto es, el número de iniciativas nuevas o pendientes ha rebasado la capacidad de trabajo de las cámaras. Después de un nada despreciable primer periodo ordinario durante el semestre pasado, parece que se les acabó el gas a las bancadas dominantes de la 4T.

De hecho, al Senado de la República se le agota el tiempo para designar a los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, introducidos desde 2015 a través de una reforma constitucional que establecía como fecha límite para su nombramiento el 18 de julio de 2017. Quizás el Senado debió procurar el nombramiento de estos magistrados especializados en el combate a la corrupción, en lugar de pretender reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciendo más una intromisión en el Poder Judicial que un combate frontal a la corrupción, tal y como lo mencionamos la semana pasada.

Extra: El gobernador Mauricio Vila goza de gran popularidad entre los yucatecos. Parece incluso que es de los mandatarios mejor posicionados en la opinión pública entre los estados de la Federación. Sin embargo, ya sea por buenas intenciones o por estar ávido del reconocimiento y apoyo del presidente Andrés Manuel, Vila refrendó su compromiso con el Tren Maya, proyecto muy criticado y discutido por carecer de estudios ambientales necesarios y por arrancar su desarrollo a través de la adjudicación directa a tres empresas en lugar de licitar de manera pública las primeras etapas de la mega obra. Ya veremos si fue lo mejor para unos o para todos.