Ayer se cumplieron ocho años de la publicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, que para entonces prometía ser un parteaguas, un cambio paradigmático para el sistema jurídico mexicano y para la sociedad. La importancia de este cambio paradigmático del 10 de junio de 2011 consistía, entre otras cosas, en que el Estado mexicano abandonaría el garantismo puro que predominaba en la Carta Magna, para dar paso al reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos de los que somos depositarias todas las personas por el simple hecho de serlo.

Con esta revolución jurídica se pretendió abandonar el paternalismo estatal que nos otorgaba a los gobernados ciertas prerrogativas, cuyo origen era la misma Constitución. Ahora, el texto normativo reconoce a los seres humanos como fuente de sus mismos derechos, dando prioridad a aquellos instrumentos jurídicos –incluyendo a los internacionales de los que México sea parte- que otorguen la protección más amplia a los derechos, sin importar su posición en la tradicional jerarquía de las normas.

En este sentido, desde hace ocho años se debería esperar un estricto apego a la ley y un claro cumplimiento por parte del Estado mexicano y las autoridades federales y locales. A partir del 10 de junio de 2011 debió fortalecerse el respeto y la protección a los derechos humanos y empezar a operar la verdadera seguridad jurídica para todas las personas, garantizando igualdad de condiciones entre los gobernados. Pero ni la Carta Magna ni los tratados internacionales son la lámpara de Aladino y tampoco el cabal cumplimiento de la norma depende de los buenos deseos del legislador.

A casi una década de la publicación y consecuente entrada en vigor de la Reforma en Materia de Derechos Humanos, México sigue siendo un país desigual, de reducidos grupos privilegiados y mayorías desfavorecidas por el actuar de las autoridades en todos los niveles. Todavía hasta el día de hoy existen estados de la república que, ondeando la bandera de una falsa soberanía –que no hay tal, pues están subordinados a la Constitución General-, insisten en no reconocer los derechos de todas las personas.

Para muestra un botón: el sábado 8 salieron a manifestarse en Mérida miles de personas en pro de los derechos humanos, sobre todo aquellos que le han sido injustificadamente negados a la diversidad sexual por un cuerpo legislativo que o bien desconoce la norma o con dolo menoscaba los derechos de terceros, derechos como a la familia, a la igualdad jurídica y a la no discriminación. Y ni qué decir del derecho a la salud de millones de mexicanos, que se ve en peligro por el letargo de la 4T y las restricciones de la Secretaría de Hacienda; ni hablar del derecho al medio ambiente sano, mellado desde administraciones anteriores y cuyo destino no parece mucho más favorable en la austeridad republicana.

Respetar, garantizar y proteger los derechos humanos es simple: basta con que la autoridad cumpla su trabajo.