Según el líder de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, las autoridades están rezagadas en el uso de tecnologías que permitan “contener las manifestaciones sociales”. A su juicio, el Estado no está preparado para hacer frente a lo que él opina son actos vandálicos que “dañan la imagen de México ante el mundo”. Lo anterior se da en el contexto de las manifestaciones que ocurrieron en días pasados, protagonizadas tanto por grupos feministas como por quienes exigen justicia a cinco años de la desaparición de 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa.

Aunque esas fueron las más recientes, es de dominio público que la historia contemporánea de nuestro país está plagada de manifestaciones sociales que han escalado a diferente nivel. Difíciles son de olvidar las marchas en contra del gobierno de Peña Nieto, las protestas de maestros, las marchas de miles de jóvenes del Politécnico Nacional encarando a Osorio Chong, las manifestaciones de los campesinos de Atenco, las de los padres de las víctimas de la guardería ABC, las de los familiares de los miles y miles de desaparecidos a lo largo y ancho del país.

Ni qué decir de las innumerables protestas acusando fraude electoral, no solo en elecciones presidenciales como las de 2006 y las de 1998, sino las que acusan irregularidades en los procesos de las entidades federativas. ¿Cómo olvidar a las generaciones del 71 y del 68? E incluso si nos fuéramos más atrás en nuestra historia, las manifestaciones feministas de principios del siglo pasado en Yucatán o la antesala a la Revolución Mexicana: Cananea y Río Blanco.

La historia de México es la historia de la protesta social, de la lucha del pueblo por la conquista de sus derechos más básicos: seguridad, justicia, derechos laborales, dignidad, libertad de expresión, educación, incluso por derechos religiosos -casi ninguno de esos derechos se ha obtenido por voluntad de los gobernantes, sino a través de la lucha-. Prácticamente no hay sector social en México que no se haya manifestado en algún momento.

Por eso la cuestión no es que el Estado no cuente con las tecnologías más modernas para hacer frente a las manifestaciones. Tampoco es que las autoridades, como las del municipio o las estatales, reprueben en mayor o menor medida estos actos que consideran vandálicos. La cuestión es que, si se atendieran las causas del descontento social, si se aseguraran los derechos de todos, si las autoridades cumplieran realmente con sus funciones, no habría manifestaciones o protestas qué contener.

El autor de estas líneas está consciente de que sí existen grupos organizados que se dedican a incendiar, destruir y confrontar. Muchos de esos grupos suelen ser enviados, por cierto, por las mismas autoridades para “reventar” o desacreditar la lucha social. Pero también están (y son mayoría), los que después de haber recurrido a todo no les queda otra alternativa para ser escuchados por quienes no quieren escuchar. Si no es la forma, ¿cuál sí la es?