¿Cómo debe ser la universidad pública? A la luz de los recientes debates sobre los recursos federales que aprietan a las instituciones educativas, es obligado reflexionar sobre la esencia de estas instituciones.

No queda duda de que las universidades son representaciones a escala, pero muy bien definidas, de las sociedades en que están inmersas. Los rasgos sociales, las dinámicas de grupo, las relaciones de poder y hasta las divisiones socioeconómicas se manifiestan en los pasillos de las facultades, tanto de escuelas públicas como privadas.

Pero en las instituciones públicas la representación se acentúa más, pues abarca a un sector más amplio de la población y en ellas convergen realidades radicalmente opuestas.

Por eso las universidades públicas, órganos imprescindibles y necesarios, tienen que procurar con mayor fuerza inculcar los “valores ideales” o cuando menos ser congruentes con las aspiraciones colectivas, estructurándose de la misma forma.
Eso ocurre con el principio democrático que nos rige.

El valor ideal de la sociedad mexicana es contar con un Estado en donde la democracia sea la norma –siempre con apego a los derechos humanos- y se rechace cualquier intento de control del poder que excluya a las mayorías en la toma de decisiones y las limite al simple ejercicio del voto.

En ese sentido es lógico, casi axiomático, pensar que las universidades públicas son estructuras democráticas, siguiendo las aspiraciones sociales plasmadas en la Constitución.

Lamentablemente la realidad es muy distinta: la mayoría no fomenta los principios democráticos entre sus comunidades universitarias.

Las pruebas más notorias son las elecciones estudiantiles, que durante décadas han estado plagadas de irregularidades y violaciones a los principios de legalidad, democracia, equidad y transparencia, que se afianzan ante la indiferencia de las autoridades o incluso su complicidad.

Después de una investigación minuciosa, me topé con que casi ninguna universidad reglamenta sus elecciones, lo que de entrada las descalifica, les quita automáticamente cualquier legitimidad y además da muestra quizás del desinterés de los consejos universitarios por asegurar que los comicios sean democráticos o de la incapacidad para producir normas eficaces que ayuden a alcanzar estos fines. La UNAM, la UDG, la UV y la Michoacana son quizás las únicas que reglamentan sus elecciones y que incluso prevén medios de impugnación, dificultando así que se cometan irregularidades en los procesos.

En la gran mayoría que conforma el resto, las elecciones de los representantes tienen un marco tan enclenque como en los más oscuros años del PRI.

¿El resultado? Elecciones predecibles, irregulares, donde las mismas autoridades califican los comicios de quienes los sucederán en el puesto, sin posibilidad de impugnar y que resultan en representantes que ejercerán recursos públicos.

El ideal se aleja, el reflejo de nuestra sociedad asusta, pero lo perpetuamos. Es obligatorio cambiar el rumbo. ¿Qué tan democrática es tu universidad?