La semana pasada se aprobó por ambas Cámaras una serie de reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Esta reforma tiene como fundamento aparente –así se expresa en su exposición de motivos y se refleja en las múltiples declaraciones de los legisladores morenistas- hacer efectivo el acceso universal a la salud, derecho humano reconocido en el 4º Constitucional.

Entre todas las disposiciones que se reforman, hay unas que merecen especial atención; hay, por un lado, una clara tendencia a la centralización de los servicios de salud. Ésta no es una centralización obligada y forzosa como lo vemos en otras dependencias del sector público, sino que existirá la opción más directa y puntual de que los sistemas de salud estatales convengan con la Secretaría de Salud federal a fin de que ésta última tome bajo su responsabilidad las obligaciones que los órganos locales no puedan cumplir. Claro, esto quizás supondrá una reducción en las aportaciones federales a las secretarías de salud de las entidades federativas, aunque se justifica la medida –según los legisladores- con la larga fila de denuncias, irregularidades y evidencias de fraude y desvíos de recursos que pesan sobre varios sistemas locales que han visto a sus directores ser enjuiciados o procesados por malos manejos con el dinero federal destinado a la salud.

También saltan dudas a raíz de la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La oposición acusa anticipadamente que con esto se aniquila la atención universal e incluso muchos medios de comunicación han publicado que con tal medida van a quedar sin protección los 71 millones de mexicanos que no cuentan con algún tipo de seguridad social. A juicio de un servidor, en la reforma que se discute y que tengo a la mano mientras escribo estas líneas, no hay señal alguna de que se vaya a dejar en el abandono a más de la mitad de la población, sino, por el contrario, la reforma prevé el acceso efectivo y directo a la salud a todas las personas en territorio nacional. Si a algunos les preocupa la falta de atención, al que suscribe la columna le preocupa que el Estado mexicano no esté preparado para atender –ya no por financiamiento o subrogación como el Seguro Popular, sino de forma directa- no solo a los mexicanos sin seguridad social, sino a extranjeros, migrantes y en general a cualquiera que lo necesite, que si bien es necesario por ser la salud un derecho humano, la carga presupuestaria y el reto que representa esta política, ante el estado actual de un sector salud que no ha sido primordial para ningún gobierno, son enormes. ¿Habrá alguna contribución especial para que los asegurados en este sistema ayuden a sostenerlo o la carga será de los que ya contribuyen a la seguridad social? ¿De dónde se obtendrán los recursos? La idea es buena, hay justicia social tras esta reforma, pero de no aplicarse con exactitud y con números reales, el riesgo de colapsar por completo todo el sistema de salud pública es grande.