En el largo primer año del gobierno federal, los partidos otrora gobernantes y hoy oposición han mantenido una férrea crítica hacia el Ejecutivo encabezado por López Obrador. Ya sea protestando en contra de que la falsificación o simulación de facturas sea catalogada como crimen organizado, en contra de la Ley de Austeridad o en contra de los recortes al INE, estos actores políticos parecen haber olvidado sus responsabilidades en los gobiernos locales, pues mientras señalan –sano ejercicio el de la crítica, por cierto-, las políticas que consideran desaciertos o errores a nivel nacional, en sus feudos estatales hacen y deshacen siguiendo la misma lógica que reprueban a la Federación.

No es posible para ellos que haya crecimiento cero en la economía nacional, que vaya a haber mayor fiscalización a los contribuyentes y que se “desincentive” la inversión o que en la Ley de Ingresos federal se prevea un aumento en pago de derechos por parte de los contribuyentes, pero sí aceptan y ven como necesario que los contribuyentes yucatecos, “propietarios o poseedores de predios ubicados en el estado”, paguen por la infraestructura tecnológica en materia de Seguridad Pública un derecho de 2.72 UMA (para este año la UMA es de $84.49) con tope de 8% de la cantidad total a pagar por consumo de energía eléctrica y que será recaudado a través del recibo correspondiente.

Siempre dentro de la iniciativa de reforma a la Ley General de Hacienda, se prevé que los conductores de “transporte contratado a través de plataformas tecnológicas” tengan una especie de licencia o “certificado de operador titular”, por lo que de igual forma pagarán el derecho respectivo de 7 UMA, aunado a la certificación vehicular con la que deben contar y que causa un derecho de 13 UMA. Asimismo, se adicionaría un derecho para prestar servicios de transporte particular.

También se solicitó la creación de un derecho por ocupación de cuartos de hotel, a razón de 0.40 UMA por noche, pretextando que el recurso se utilizará para la preservación del equilibrio ecológico. En cuanto a las determinaciones sanitarias, todos los derechos de apertura o renovación subirán.

No le sorprenda que sus servicios jurídicos eleven su precio, pues prácticamente todos los derechos del Registro Público, el Catastro y el Registro Civil del estado aumentaron. Además, dentro de la Ley de Ingresos del estado se espera obtener recursos por el cambio de placas de los vehículos, apenas dos años después de que el gobierno anterior encabezado por Zapata Bello hiciera lo propio.

Resumiendo, las fuerzas políticas que no gobiernan la Federación han estado muy activas contra el gobierno federal –indispensable para la democracia, sostengo-, pero su espíritu crítico se esfuma cuando en los cotos de poder locales, sobre todo en Yucatán, uno de los estados con sueldos más bajos del país, subirán las contribuciones que desgasten el bolsillo. ¿La excusa? Los recortes del Ejecutivo federal al estado. ¿Su solución? Apretar al ciudadano, pero no recortar eventos, viajes al extranjero y excesos.