Recientemente salió a luz un proyecto de iniciativa de reforma que pretende cambiar la estructura del Poder Judicial de la Federación. La propuesta fue elaborada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad que, sin embargo, no cuenta con la facultad para impulsar leyes y reformas, por lo que tuvo que ser entregada al presidente de la República y a diversos senadores para que pueda caminar y llegar a buen puerto. Y aunque aún tiene que someterse a todo el proceso legislativo y pasar por las dos cámaras y los congresos locales, toda vez que se plantean varios cambios a la Constitución Federal, el ministro presidente de la Corte le ve futuro a la iniciativa.

¿Pero qué plantea este proyecto de iniciativa? Independientemente de los diversos proyectos que puedan salir del Senado a partir de los debates y análisis del texto que se le hizo llegar, leyendo la propuesta original nos permite darnos cuenta del alcance de las pretensiones y objetivos de las posibles reformas. Por una parte, se propone la reestructuración de los órganos encargados de la impartición de justicia a nivel federal -los Tribunales Unitarios de Circuito, por ejemplo, se transforman en Tribunales Colegiados de Apelación-, esto tanto para facilitar el acceso a la justicia, como para atacar el problema de corrupción y enriquecer la labor jurisdiccional y, por otra parte, se concibe una manera novedosa -para el sistema jurídico mexicano- en la interpretación de las resoluciones de la Suprema Corte, pues se abandona el sistema de tesis por uno de criterios y precedentes, actuando estos últimos como una especie de jurisprudencia que los órganos jurisdiccionales tendrán que atender al momento de formular sus resoluciones. Es decir, basta con que la Corte resuelva un caso para que los razonamientos que se usaron en la resolución del mismo tengan que ser utilizados por todos los demás juzgadores al resolver controversias análogas o similares.

También se plantea una fuerte reforma en torno a la carrera judicial y la manera en que se designan los cargos en los órganos jurisdiccionales. Se tiene la intención de erradicar el nepotismo y la corrupción en el interior del Poder Judicial Federal y privilegiar un verdadero ascenso por méritos.

Estas reformas lucen muy prometedoras e interesantes, pues cambian muchos paradigmas dentro de uno de los poderes del Estado. Todavía habría que ver cómo queda la iniciativa final, pero la intención parece buena y necesaria en tiempos en donde el Poder Judicial Federal lucha por ser un poder autónomo en un Estado donde una sola fuerza política abarca todo. Además, la lucha será por restaurar la confianza de la ciudadanía en quienes se encargan de impartir justicia.

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar: para que la reforma sea efectiva y los niveles de eficiencia aumenten -y los de corrupción bajen- es necesario, casi obligatorio, que se impulsen reformas de fondo, estructurales, a los poderes judiciales locales, quienes tienen una responsabilidad importante en estos temas.