¿Quiénes deberían ocupar los cargos de elección popular? O más específicamente, ¿quiénes deberían ocupar un escaño legislativo? Estas interrogantes han sido materia de debate público desde tiempo atrás, tanto entre representantes populares como entre el público en general. Y es que es notorio que las agendas legislativas federales y locales requieren de cierta técnica y algunos conocimientos jurídicos específicos, a los que desafortunadamente solo se accede mediante el estudio del derecho y el dominio de la ciencia jurídica.

Sin embargo, afirmar que solamente los abogados deberían ocupar los espacios en los congresos contravendría la esencia misma del Poder Legislativo de todo Estado: ser un órgano de representación en el que los ciudadanos puedan ver velados sus intereses, sin importar el sector poblacional al que pertenezcan. A diferencia del Poder Judicial en el que por su misma naturaleza se exige el estudio del derecho, en el Legislativo deben reunirse las voces diversas que conforman la república.

Por ello tampoco sería exigible que se postulen a esos cargos y lleguen a ocuparlos solamente quienes tienen estudios universitarios o técnicos, pues esto dejaría sin posibilidad de representación a millones de mexicanos, quienes en su mayoría no viven la misma realidad ni tienen los mismos intereses que quienes forman parte del muy reducido sector que ostenta un título profesional.

Es por ello que los cargos de representación deben estar al alcance de cualquier ciudadano: el campesino, la obrera, los trabajadores domésticos, los doctores, ingenieros y abogados. Porque es necesaria y hasta obligatoria la representación de todos los estratos sociales y realidades que conforman la nación, incluso cuando el dominio de la técnica jurídica y legislativa sea dispar entre los legisladores. No obstante, esto no significa ni justifica que quienes ocupan esos puestos puedan deslindarse del aprendizaje y el dominio de su labor, pues no basta con decirse representante popular, sino efectivamente ejercer dicha representación en defensa de los intereses populares.

A lo anterior se ha respondido con que existen asesores especializados en las distintas ramas jurídicas a fin de que elaboren las propuestas de los legisladores y los guíen en su trabajo. Pero, ¿por qué entonces no son los asesores quienes ocupan directamente estos escaños? Además de que el proceso legislativo sería más rápido, el ahorro a las arcas nacionales sería considerable al no tener que cubrir el sueldo de los congresistas. Y es que hay muchos representantes populares -con honrosas excepciones- que se limitan a simular el trabajo legislativo, dejando todo en manos de sus asesores.

Por ello, a juicio de quien escribe estas líneas, si bien cualquier persona debe poder acceder a un puesto de representación, sin importar títulos o procedencia, quienes han tenido la responsabilidad de que nuestros legisladores no solo no representen al pueblo, sino que muchos sean francamente incompetentes, son los partidos políticos que pagan los favores con candidaturas y puestos.