Hay un problema de constitucionalidad en el país y es necesario hablar de ello. A partir de la emergencia nacional causada por el Covid-19 y sus implicaciones en la salud pública, autoridades de los niveles estatal y municipal han decidido tomar acciones propias para hacer frente a la pandemia. Ha sido común que en las últimas semanas veamos en medios de comunicación o redes sociales información sobre que una alcaldía en Sonora cerró sus entradas, que en tal municipio ya no se permite la circulación de personas ajenas a la población, que se bloquearon carreteras o que en un estado de la Federación algún gobernador o gobernadora pretende limitar la movilidad de los ciudadanos. No ha faltado el “toque de queda” que en una localidad recóndita se hace obligatorio para “hacer frente al Covid-19”.

Sería exagerado y muy probablemente hasta erróneo dudar de la buena voluntad de los representantes que toman esta medida, quizá movidos por el pánico y ajenos a una realidad social que hace inviable detener a una inmensa mayoría de trabajadores que viven al día y con lo puesto. Pero por más buenos deseos y ganas de encabezar las luchas locales contra esta pandemia que se tengan, hay que hablar claro: estas medidas son inconstitucionales.

Como es por muchos sabido, el único que puede limitar derechos fundamentales y solo de manera temporal es el presidente de la República a través de lo que se conoce como “estado de excepción”. Que esta facultad sea única y exclusiva del presidente y que para usarla tenga además que solicitar autorización del Congreso y ser supervisado por la Suprema Corte no es una casualidad o simple formalidad. Limitar y suspender derechos fundamentales no es cosa menor y nunca debemos verlo como tal, pues implica la pérdida de libertades y la ruptura temporal de la delgada línea que separa nuestra democracia de una dictadura o un régimen autoritario.

Normalizar que las autoridades puedan arbitrariamente salirse del régimen constitucional es normalizar un posible, futuro atropello a los derechos humanos. Si una vez se vulneran los derechos básicos, si no hay certeza jurídica del actuar de la autoridad, ¿qué seguridad tendríamos como ciudadanos de que solo se tratará de esta vez, de que solo será por esta ocasión? Todo acto de autoridad debe estar correctamente fundado y motivado. El motivo lo da el fenómeno social y la fundamentación la da la norma.

Las autoridades solo pueden actuar en el marco de sus atribuciones, pues de otra forma estaríamos frente al abuso del poder. Seguramente algunas autoridades han sobrepasado sus facultades por preocupación legítima, por ignorancia o por desconfianza de las directrices de la Federación, pero nada justificará jamás vulnerar la Norma Suprema. Hay canales legales para hacer este tipo de restricciones menos lesivas, solo hay que conocer la ley.

Extra: AMLO evidenció el domingo que no tiene plan para afrontar la vertiente económica del Covid-19. No sabe qué hacer o no escucha a quienes saben. Hasta ahora no hay medidas extraordinarias para una situación extraordinaria.