Además de la crisis de constitucionalidad a la que México se sigue enfrentando día tras día, pues en algunas entidades federativas se van agregando nuevas medidas que contravienen nuestra Carta Magna y la Federación se acerca cada vez más a una crisis política que terminará por romper la endeble estabilidad que se conserva en tiempos del Covid-19.

Ya platicamos la semana pasada que algunos gobernadores norteños amagaban con abandonar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), alegando que no reciben un trato justo del Gobierno Federal y que no les toca tanto como aportan. Esos gobernadores son quienes han vuelto a sus estados dependientes del recurso de la Federación, pero que por conveniencias políticas y populismo han dejado en el abandono a sus haciendas locales. Comentábamos que mientras en Yucatán la proporción entre sus ingresos federales y los locales son de casi 50 y 50, en el norte del país no se recaudan impuestos internos o son muy pocos. Y los gobernadores lo saben: saben que abandonar el “pacto fiscal” significaría para ellos tener que tomar la impopular medida de subir impuestos locales y crear nuevos, además de ya no ser partícipes de lo recaudado a nivel nacional. Saben que su propuesta de modificar el SNCF es insostenible, pues éste debe reformare para asegurar que los estados usen eficientemente los recursos y sirvan para desarrollar a las entidades federativas en desventaja, pero no en el sentido de darle más a los estados que más tienen. ¿Por qué entonces presionar a la Federación con separarse el SNCF? ¿Por qué amagar con reunirse con empresarios del norte y formar un propio plan económico? Por la misma razón por la que exigen una y otra vez recursos extraordinarios a la Federación: la mala administración de los recursos está cobrando factura en plena emergencia nacional y hay miedo.

Y es que el fracaso del federalismo que tanto defienden las entidades -y la razón por la que la respuesta de la “cuatroté” es centralizar desmedidamente- es precisamente ese: por décadas ha existido un comportamiento cómodo, de dependencia, de los gobiernos locales a la Federación. Los recursos federales se usaban discrecionalmente y se mal administraban los locales. El problema no fue tanto centralizar los recursos y limitar a los estados, sino que por años los estados no hicieron prácticamente nada con los recursos a su disposición. ¿Cuántos hospitales públicos se construyeron antes de la centralización del sistema de salud en el país? ¿Cuánto se invirtió en equipo médico? ¿Cuánta deuda adquirieron los estados para proyectos innecesarios y cuyos pagos hoy demandan porciones importantes de los presupuestos locales? ¿Cómo afrontaría México esta emergencia si las entidades federativas hubiesen sido responsables con sus finanzas y hubiesen apostado por el bienestar social? Hoy, en cambio, la Federación -con todo y su falta de visión, de planes económicos serios y de transparencia y con algunas perspectivas francamente obsoletas- tiene que hacerse cargo de 32 estados que, en su mayoría, no pudieron hacerse cargo de sí mismos en mucho tiempo.