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No, el INEGI no podrá entrar a tu casa a ver qué tanto tienes -y si pudiese sería el colmo del delirio-. Ayer, varios medios de comunicación titulaban ciertas notas dando a entender que Morena, el partido oficialista, impulsaría una serie de reformas constitucionales a fin de que, entre otras cosas, el INEGI pudiera entrar a las casas de los ciudadanos a “ver con qué patrimonio cuentan”, sin restricción legal alguna. Esto se da a raíz de un comunicado de prensa firmado por Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente del partido, en donde se expusieron cinco puntos que aparentemente representan parte del proyecto económico que Morena quiere impulsar en el país.

Estos puntos básicamente proponen que: 1) se incluya en la Constitución el Estado de Bienestar como concepto y propósito del sistema; 2) que el INEGI tenga “la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país” y que entre “sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”; 3) que la progresividad fiscal se aplique, es decir, que el porcentaje de impuestos pagados sea mayor para quienes más tienen y más producen y menor para los que cuentan con menos recursos; 4) constituir un Consejo Fiscal que evalúe ingresos y gastos del Estado, y 5) que se dote de más facultades constitucionales a la Comisión Federal de Competencia Económica en beneficio de los ciudadanos.

Claro que lo anterior tiene implicaciones que necesitan ser analizadas a profundidad, pero podemos decir que la mayor parte del texto se trata de un discurso político en sí mismo, de una carta de intenciones -no de un paquete de reformas entregado- y de un viejo vicio de la política mexicana como lo es querer, a fuerza, meter todas las ocurrencias habidas y por haber en el texto constitucional, porque se tiene la creencia de que si está en la Constitución es lo mejor. Que se incluya el concepto de Estado de Bienestar en la Carta Magna no es sólo ocioso, sino redundante, pues el fin último del Estado como institución humana es precisamente alcanzar el bienestar colectivo. Si el presidente de Morena requiere que la Constitución diga que el Estado debe perseguir el bienestar, quizás no le queda muy claro lo que es un Estado.

En cuanto a posibles nuevas atribuciones del INEGI encaminadas a revisar el patrimonio de las personas, más que preocuparme porque entren a las casas, me preocuparía de que también el INEGI deba tener una fracción en la Constitución que le ordene sacar estadísticas de la riqueza en México o que, en su defecto, esa información se use de manera indebida para, por ejemplo, distraer la atención de los ciudadanos en lugar de para diseñar política pública.

El punto 4 es quizás el más ocioso, además de gastar innecesariamente más recursos en este gobierno que pregona austeridad. Las funciones que plantea ya las tienen Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación. Son entonces los puntos 3 y 5 los que, aplicados de una manera democrática y pública, acorde al texto constitucional, podrían ser útiles a la sociedad, pero que mal aplicados podrían abrir la puerta a un control absoluto del Estado…