En Yucatán no se gobierna, se administra. Al menos eso han proyectado los representantes populares durante la crisis causada por la epidemia de Covid-19. Desde el inicio, por ahí del mes de marzo, las autoridades estatales han dependido por completo de los recursos y recomendaciones proporcionados por la Federación: la reconversión hospitalaria, las medidas preventivas y de distanciamiento social, el cierre de lugares no esenciales para la vida pública. Todo trabajo ha ido encaminado a asimilar lo dispuesto por el Consejo de Salubridad y la Secretaría de Salud nacional. Quizás por ello es fácil señalar a la autoridad federal como la responsable de la profunda crisis de salud que enfrenta la sociedad yucateca.

Tanto el artículo 4° Constitucional como el artículo 4° de la Ley General de Salud señalan que son autoridades sanitarias el presidente de la República, el Consejo de Salubridad, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales. Es decir, todos y cada uno de los gobernadores son autoridades sanitarias máximas en sus respectivas entidades, a la par de la autoridad federal. Aunado a ello, desde el año 1997 el entramado jurídico de las instituciones públicas de salud cambió, haciendo que cada estado fuera corresponsable de ellas en conjunto con los demás niveles de gobierno. Es entonces ignorar, desconocer la norma, pretender que las instituciones de salud federales son las únicas responsables de atender esta epidemia. Por ello es que no se debe ver a lo hecho por el gobierno (repartir cierto equipo de protección, camas, monitores y ciertos insumos a los hospitales) como una ayuda extraordinaria, como algo que hacen para “suplir las deficiencias de la Federación”, sino que es su obligación constitucional y legal responder en la misma medida en el combate al coronavirus.

Parece que fue hace poco cuando, al inicio de la epidemia en México, los gobernadores de Acción Nacional y otras fuerzas políticas declaraban que ellos abordarían según sus criterios la emergencia, pues declaraban omisiones y fallos por parte de la Federación. Algunos de vez en cuando se limitaban a decir que cooperarían en las acciones de gobierno, mas nunca asumían abiertamente su papel de autoridades sanitarias. Hoy, muchos de esos estados se encuentran en una situación descontrolada, de hospitales a su máxima capacidad, con personal insuficiente y con una reapertura económica irresponsable y contraria a toda recomendación y sentido común, como priorizando la economía no esencial (¡y la recreación!) por sobre la salud pública. Hoy también, muchos de esos estados se limitan a señalar a la autoridad federal y a mostrarse como “salvadores” en medio de una crisis en la que, ignorando la norma -o actuando con dolo, que sería peor-, también tienen un compromiso y responsabilidad con la sociedad que representan.

Queda claro que el Gobierno Federal está lejos de la perfección y del óptimo manejo de la crisis, pero, como en otras circunstancias, los gobiernos estatales se han lavado las manos y se han dedicado a administrar recursos (sepa usted cómo), pero no a gobernar.