“Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”. Así pretendió justificar AMLO la supuesta entrega de dinero a su hermano, captada en video y difundida en redes por un periodista. Y el presidente tiene históricamente razón, pues difícilmente pueda concebirse un movimiento revolucionario sin el financiamiento de sus participantes -recordemos que en México muchos movimientos han sido costeados por sus figuras principales-. La independencia y la guerra de Reforma son ejemplos de ello.

En lo que se equivoca Obrador es en la comparación que hace de su gobierno con los acontecimientos mencionados. Es decir, es desproporcionado que AMLO pretenda justificar cualquier cosa diciendo que su gobierno es una revolución comparada con, por ejemplo, la expulsión de Porfirio Díaz del poder. La razón es simple: el gobierno de la 4T no es en sí un gobierno revolucionario, sino uno reformista; las políticas de Obrador no pretenden reinventar o cambiar radicalmente el Estado, sino componer sus deficiencias y reformar lo que él considera incompatible con su proyecto de nación. Y si bien una revolución no tiene que ser necesariamente armada, un componente fundamental que tuvieron las diferentes revoluciones en México, y que no tiene la 4T, es que aquellas significaron esencialmente una ruptura del orden constitucional y la creación de un sistema jurídico y social nuevo que viniera a remplazar al viejo, mientras que ésta (la 4T) surge precisamente de un proceso constitucional y sujeto a determinadas reglas y condiciones.

¿Por qué es relevante todo esto? Porque en las revoluciones se pretende esta ruptura con el régimen al que se combate y, por consiguiente, sus participantes legitiman las acciones contrarias al Estado en espera de construir uno nuevo. En cambio, en los procesos constitucionales cobijados en la estructura estatal establecida, los participantes saben -y aceptan- que deben someterse a determinadas normas. Cuando el hermano de AMLO recibió dinero “para financiar el movimiento”, lo hizo a sabiendas de que Morena pretendía constituirse -o ya lo había hecho- en partido político, una institución de interés público dentro del Estado. Quizás si Pío recibiese dinero para financiar la revolución latinoamericana estaría moralmente (en sus términos) justificado -y tendría que triunfar, porque esa es una condición necesaria en los actos contrarios a un orden constitucional-. Pero recibió dinero para un movimiento/ partido sujeto a normas electorales y fiscales. Sean diez pesos o diez millones, la ley señala que esos ingresos deben ser declarados, justificados e identificada su procedencia. ¿Cómo sabemos que ese dinero “revolucionario” viene de una fuente lícita? Queda confiar en la palabra de AMLO.

Lo que es irrisorio es que la oposición pretenda justificar sus propios actos de corrupción señalando al gobierno. El “ustedes también lo hacen” es consuelo de tontos, que deja ver la patética lógica y el mediocre actuar de varios actores políticos de ambos bandos.