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Ayer se presentó el Plan de mejora de la movilidad urbana para el centro histórico de Mérida. Y aunque tiene muchas implicaciones políticas para tratar, esta vez nos enfocaremos a cuestiones más técnicas, viendo el plan desde una óptica no política y suponiendo que pudo haber sido elaborado por cualquiera.

En primer lugar, tenemos el formato: no hay necesidad de firmar ningún acuerdo entre cámaras empresariales, transportistas y gobierno, como tampoco tenía que firmarse nada para la reapertura económica. Más allá de la cuestión publicitaria, estos actos carecen de valor jurídico (quizás mediática y políticamente sí tenga cierto valor). Recordemos que el Estado tiene la rectoría del sector económico, de llevar a cabo las políticas sanitarias que considere pertinentes y que además es el gobierno estatal quien tiene la rectoría del sistema de transporte público. En pocas palabras, no debiera haber más poder de decisión que el que ostenta el gobernador del estado, quien fue investido con él por medio del voto popular.

Otra cuestión a considerar es sin duda la publicidad del documento. Hasta el momento de escribir estas líneas no había una forma de consultar a detalle las medidas que se pretenden aplicar. Podemos ver por algunas notas en medios de comunicación o infografías algunos modelos computarizados de cómo pretenden abordar el problema del transporte, pero ninguna pauta técnica o específica sobre cómo se va a llevar a cabo. De entre lo poco que se deja ver, hay que considerar acertado limitar la circulación de camiones en ciertas calles, así como la decisión de ampliar banquetas y zonas peatonales, lo que sin duda ayudará a facilitar el flujo de personas y disminuir la incidencia de contagio. Lo que debemos considerar como algo sin mayor trascendencia y hasta negativo es el hecho de simplemente mover los paraderos del centro, pues aunque es algo deseable en una óptica integral, esto sólo funciona si se aumenta el número de unidades disponibles para los usuarios. Y dado que las unidades seguirán limitadas, la aglomeración continua y tardada entre los pasajeros será la misma, pero en otra calle.

Por último, quisiera acotar que este planteamiento durará mientras el coronavirus tenga una fuerte presencia. Lo ideal sería dejar de ver el transporte público como un simple obstáculo para disminuir el Covid-19 y empezar a verlo como un problema social severo que debe abordarse para mejorar la calidad de vida de los yucatecos, por lo que sigue en pie la propuesta ciudadana de reformar verdadera e integralmente el sistema de transporte y la movilidad urbana en Mérida. Por ejemplo, este plan no incluye -y debería- que las personas aún deben llegar forzosamente al centro, ni la dinámica urbana del comercio informal; las personas que venden dulces y frutas en las esquinas u otros puestos. Ellos también son parte del paisaje urbano y tienen derecho a realizar sus actividades económicas tanto como los empresarios que presenciaron el plan de transporte, pero no son contemplados por estas medidas (¿los nuevos espacios en las escarpas los contemplan?) y eso habla mucho de la visión del estado.