Los gobiernos federal y estatal han sido muy enfáticos en sus políticas y estrategias para mitigar la propagación del coronavirus entre la población. A nivel federal se cerraron escuelas, durante mucho tiempo las oficinas públicas trabajaron sólo en los servicios esenciales y hay una permanente campaña de información que llama a “quedarse en casa”. Aquí en Yucatán, el jefe del Ejecutivo local ha impuesto una “restricción a la movilidad” y ha abierto y cerrado varios sectores económicos, según el comportamiento de la epidemia; al día de hoy hay varias actividades que, argumentando la protección a la salud y el bienestar social, todavía no pueden realizarse. Buenas o malas, estas medidas corresponden cuando menos al discurso del combate al Covid-19.

Por eso resulta un poco incomprensible la actitud de ambos niveles de gobierno -federal y estatal- en torno a lo que sucede en el sitio arqueológico de Chichén Itzá. Pero antes de entrar directamente al tema, pongamos algo de contexto: desde que se dio luz verde a nivel federal para reabrir ciertas zonas arqueológicas -escenario que en su momento presionó el gobierno estatal-, la Comisión Mixta de Seguridad y Salud del INAH en Yucatán (conformada por trabajadores y autoridades) elaboró una estrategia impecable para asegurar que las zonas arqueológicas no fueran sitios de contagio de coronavirus. Entre otras cosas, se limitaba la entrada de personas, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento, no se permiten grupos grandes, además de los necesarios puntos de control con toma de temperatura y sanitización, todo constatado por un servidor en visita a Uxmal.

Sin embargo, los mismos trabajadores (y la Comisión) han denunciado que sus recomendaciones no son escuchadas por sus superiores en sitios como Chichén. A pesar de que fueron enfáticos en que por seguridad sólo debían ingresar 3,000 personas, el domingo pasado se tuvieron datos de la presencia de más de 8,000, además de que en muchos casos no se observaron la sana distancia ni el uso de cubrebocas. Lo anterior es de conocimiento de autoridades del INAH Yucatán y del gobierno del estado.

Aun cuando se ha recomendado el cierre del sitio los domingos para evitar contagios, tanto autoridades federales como estatales se han limitado a decir que “tomarán las medidas pertinentes”. Si bien las zonas arqueológicas son de jurisdicción federal, es bien sabida la participación estatal a través de Cultur, que controla los paradores turísticos a la entrada de los sitios y que, gracias a éstos, entran a las arcas estatales cientos de millones de pesos anuales, por lo que -al menos por una cuestión de congruencia entre lo que promueve el gobierno local y lo que se hace en los sitios- son ambos niveles de gobierno los que deberían detener el potencial gran foco de contagio que representa este descontrol en Chichén. No sólo se debe responder cuando se trata de recaudar dinero. De nada servirán los esfuerzos en Yucatán si las autoridades, tanto federales como locales, no intervienen. Estamos a tiempo de detener descuidos que pueden paralizar la economía o costar vidas.