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“Exageran y no sólo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos y se van a informar aquí”. Así contestó López Obrador ayer al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que se muestran los resultados de la fiscalización que hizo de la cuenta pública de 2019, el primero de la administración de la 4T. La ASF no es una asociación civil, un medio de comunicación o un adversario de AMLO, sino un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, que está facultado para vigilar el uso, destino y estado del dinero con que cuenta la nación. Las auditorías o fiscalizaciones que realiza se basan en miles de documentos (en el caso de la de 2019 se usaron más de 30 mil) proporcionados por ley por el mismo gobierno mexicano, sus dependencias y por quienes participan en licitaciones públicas y que usarán dinero del erario. Esto es, la ASF no especula o saca su información de la manga, sino de fuentes oficiales.

Lo curioso es que para el primer año completo de la 4T se encontraron cuantiosas irregularidades, que en conjunto suman casi 67 mil 500 millones de pesos. Es decir, todo ese dinero se usó de manera irregular o no puede comprobarse el gasto de la cantidad señalada. Entre los casos más destacables y con irregularidades mayores se encuentran proyectos como el Tren Maya -en su caso hay más de 156 millones de pesos por aclarar-, Dos Bocas y Santa Lucía -los beneficios de ambos fueron sobreestimados por el gobierno federal (es posible que se haya exagerado su utilidad) y hay posibilidad de un daño millonario a las finanzas públicas- y, por otro lado, programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro reportan irregularidades que van desde gastos no comprobados o dinero utilizado inexplicablemente, así como un posible censo inflado en estos programas (hay más beneficiarios que personas reales). Eso sin contar que hay irregularidades en el pago de sueldos a servidores de la nación por varios millones.

Es notable cómo en el gobierno de la transparencia y la no corrupción se pueden dar estos inexplicables y reiterados casos de usos opacos de los recursos nacionales. Pero más notable es que la misma ASF reportó que la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval y que se encarga de perseguir la corrupción en el gobierno, obstaculizó y entorpeció auditorías de la ASF. ¿No esa era la dependencia que AMLO quería que remplazara al Instituto Nacional de Transparencia, porque supuestamente no se necesita autonomía y sólo es un florero neoliberal?

Al gobierno le queda la oportunidad de contestar todos y cada uno de los señalamientos de la ASF según marca la ley, justificando así lo que hasta ahora no ha podido justificar. Veremos si el gobierno aporta datos reales y técnicos que justifiquen esos recursos o sólo palabras y descalificaciones mañaneras. Por el bien de México, esperemos lo primero.

Extra: las entidades federativas no se salvan. Hay gastos no comprobados por varios millones también a nivel local. Habría que revisar cómo le fue a Yucatán.

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