El tema controversial de esta semana fue el proceso de desafuero del gobernador constitucional de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. Y aunque quizás usted no lo vea así, esta es una cuestión de enorme relevancia política y jurídica en nuestro país. Aquí veremos porqué.

En primer lugar, la figura del desafuero no es utilizada recurrentemente por los actores políticos que integran los Poderes del Estado Mexicano. Son contados los casos en los que un sujeto es sometido al “juicio de procedencia” (formalmente Juicio Político) por medio del cual se despoja a un servidor público de su fuero constitucional (una especie de protección jurídica que se adquiere con el cargo) a fin de que pueda ser procesado judicialmente por determinados delitos que marca la Constitución y por los que se le quiera imputar. Quizás recordará usted que el mismo Presidente de la República pasó por el proceso de desafuero cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal, justo antes de las elecciones del año 2006. La rareza de estos procesos radica en que precisamente debe usarse únicamente por faltas graves a la Constitución, pues el objetivo del fuero Constitucional es proteger no sólo a los servidores públicos, sino a las instituciones democráticas de reyertas políticas, amenazas o chantajes que condicionen el adecuado desempeño del encargo.

En segundo lugar -y relacionado con el primer punto-, el juicio político reviste importancia porque los artículos que lo regulan, o sea, el 110 y el 111 de la Constitución, no son lo suficientemente específicos en cuanto a su aplicación, por lo que se requiere una interpretación sistémica, teleológica y más allá de la literalidad del texto normativo. En el caso concreto, es obvio que morena pretende imponer una supuesta supremacía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que su declaración de procedencia en contra de Cabeza de Vaca sea efectiva y se separe del cargo al gobernador actual de Tamaulipas. Sin embargo, la misma Constitución señala que, tratándose de los Ejecutivos de las entidades federativas (los gobernadores), la resolución de la Cámara baja será únicamente declarativa, turnando el asunto al Congreso local a fin de que proceda en uso de sus atribuciones. Esto es, de una interpretación del texto Constitucional, que es de espíritu eminentemente federalista, se advierte que es el congreso de Tamaulipas quien tiene la última palabra en la decisión de desaforar y separar del cargo o no a su gobernador.

Lo anterior resulta de especial interés, ya que suponer que el Congreso Federal tiene la última palabra en cuanto a cualquier juicio de procedencia, implicaría que en cualquier momento el Legislativo Federal puede remover al gobernador de cualquier estado, disolviendo en el acto cualquier rastro del federalismo mexicano y actuando de modo centralista como, por cierto, lo hacían los conservadores del siglo XIX. Eso sin contar por supuesto, que no tendría sentido que la Constitución diferencie entre los servidores públicos federales y locales, si el constituyente hubiese querido que la resolución de la Cámara de Diputados tuviese el mismo efecto en ambos o que todo fuese una mera simulación de federalismo.