La Constitución aplica para todos, menos para el señor Presidente. O al menos es lo que nos ha parecido en estos dos años y medio de gobierno. Por alguna razón, parece que la constitucionalidad no tiene poder sobre el Jefe del Ejecutivo Federal y que nada de lo que mandara la Carta Magna afecta a Andrés Manuel.

El primer gran ejemplo vino cuando AMLO “derogó” (es decir, dejó sin efecto) la Reforma Educativa de Peña Nieto mediante un oficio firmado por él y enviado al Secretario de Educación. Así, por medio de un simple papel, el señor Presidente revirtió un mandato Constitucional desde mucho antes de que el Poder Legislativo lo hiciera con el procedimiento que formalmente marca la Norma Suprema.

Después lo hizo con su infundada “consulta ciudadana” para enjuiciar a ex presidentes, avalada tristemente, por cierto, por la Suprema Corte en una votación dividida. La presunción de inocencia y el debido proceso fueron desechados por un presidente que, a través del circo mediático, buscó marcar la agenda pública durante meses.

Después vino su intromisión confesa en el proceso electoral 2021, las elecciones más grandes de nuestro país hasta ahora. Usando el púlpito presidencial, su amada mañanera que no es más que propaganda política permanente, AMLO acusó a los candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León de la comisión de delitos electorales. Aceptó haber echado a andar la maquinaria de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar al candidato del PRI y al de MC por presunta coacción del voto y la utilización de recursos de procedencia ilícita, respectivamente, aún cuando el Presidente tiene expresamente prohibido intervenir o pronunciarse sobre el proceso o los actores políticos. Tanto la UIF como la FGR quedaron como la extinta Dirección Federal de Seguridad, aquel brazo policial o policía política del PRI en los oscuros años ochenta.

Por último, ayer AMLO se pronunció sobre un proceso del que evidentemente no tiene idea. A pesar de que la Constitución es clara y que la SCJN desechó la controversia constitucional por carecer de fundamento en torno al desafuero de Cabeza de Vaca, AMLO afirmó que el gobernador carecía ya de protección constitucional y que la Fiscalía podía actuar con libertad en el momento que lo decidiese, pasando así por sobre la voluntad del Congreso de Tamaulipas que, acorde a la Constitución Federal, es quien decide si retirarle el fuero o no a su gobernador.

Así y con muchos ejemplos más, el señor Presidente ha demostrado persistentemente que no le importan los límites que la Carta Magna pueda imponerle. Él, como supremo intérprete de la voluntad del pueblo, está por encima de ella y de las instituciones democráticas. Faltará ver si esa omnipotente capacidad de interpretación de la voluntad popular no llega hasta la calificación de las elecciones de este año, decidiendo qué es válido y qué no, según sus designios.