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La consulta popular promovida por morena y Andrés Manuel está a la vuelta de la esquina. El próximo primero de agosto, a través del Instituto Nacional Electoral se le hará a la ciudadanía la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Larga, ambigua, confusa. Dice todo y no dice nada. En honor a la verdad, esta pregunta fue reformulada y aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación, quien calificó de constitucional la consulta planteada por el Presidente de la República. A juicio de quien suscribe estas líneas, esta consulta dista mucho de ser un verdadero mecanismo democrático y su apego a la Constitución es tremendamente cuestionable. Vamos por partes: en primer lugar, la pregunta no refleja la intencionalidad de López Obrador o al menos de su discurso. El mandatario ha sido claro en que esta consulta va encaminada a preguntarle a la gente si se quiere o no que se enjuicie a los ex presidentes, es decir, de Salinas a Peña Nieto, por actos de corrupción cometidos durante el “período neoliberal”. La cuestión es que la pregunta que se hará a los ciudadanos que acudan a alguna de las 57,124 mesas que para tal efecto disponga el INE en todo el país, no habla ni de ex presidentes, ni de Salinas o Peña Nieto, ni de corrupción y mucho menos de neoliberalismo. En última instancia, la pregunta ni siquiera habla de juicios.

En un análisis rápido de la pregunta a la que la ciudadanía sólo podrá contestar sí o no, podemos observar que lo que se pretende es que las personas consultadas decidan si están de acuerdo -no que necesariamente se vaya a hacer- en que 1) se realicen acciones -investigaciones, entrevistas, auditorías- 2) que revisen las decisiones políticas tomadas en el pasado -¿qué es una decisión política y hasta dónde abarcan los “años pasados”?- 3) por los actores políticos -esto debería abarcar a secretarios y subsecretarios de Estado, directores dentro de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, incluyendo a aquellos que hoy forman parte del gobierno de AMLO y que formaron parte de gobiernos anteriores-. ¿Investigarán a Bartlet, a Ebrard, a Mario Delgado, a legisladores morenistas? ¿Le tocará a AMLO como antiguo Jefe de Gobierno de la CdMx? Todo lo anterior para 4) tomar las acciones de reparación del daño o de sanción, si hubiese los elementos suficientes.

Al final, la consulta no es más que un gran circo promovido por alguien que por cierto votará por el “no” (AMLO), para lavarse las manos de cualquier decisión política que se tome. Si gana el “sí”, el pueblo habrá decidido que las autoridades hagan su trabajo. Si gana el “no”, el pueblo habrá decidido que se dé vuelta a la página. Tras años de acusaciones de corrupción y saqueo, AMLO prefiere gastar más de 500 millones de pesos en consulta, en lugar de presentar las pruebas que, luego de acusar corrupción tantos años, seguramente tiene.

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