Lo acontecido la semana pasada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que verse desde diversas perspectivas. Por un lado, estamos hablando de un órgano sui generis y cuasi independiente, ya que si bien pertenece al Poder Judicial Federal y por consiguiente, debiera estar supervisado tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Consejo de la Judicatura, lo cierto es que tanto la Constitución como la misma Ley Orgánica del Poder Judicial le dan un estatus bastante autónomo. Y es precisamente esta configuración de la Ley lo que ocasiona hechos tan penosos como los sucedidos hace unos días. Poniendo en contexto al lector, cinco de los siete magistrados de la Sala Superior (la máxima autoridad del Tribunal) decidieron desconocer al Magistrado Presidente Vargas (quien ha sido acusado de tener vínculos con el Presidente de la República y su partido, comprometiendo la autonomía del Tribunal) y removerlo de la dirección de dicho órgano jurisdiccional, nombrando a su vez al magistrado Rodríguez Mondragón (vinculado fuertemente con el ex presidente Calderón Hinojosa) como nueva cabeza del órgano. 

El problema es que, a juicio de quien escribe estas líneas y por más que los magistrados de esta mayoría quieran argumentar, no existe ni en la Constitución ni en la Ley un procedimiento establecido ni facultad expresa alguna que permita a los integrantes de la Sala Superior remover de su encargo al Presidente del Tribunal y nombrar otro. La norma es clara al mencionar que sólo se acaba el encargo por terminación natural del mismo, renuncia por causa grave o ausencia absoluta de quien preside al órgano. Al no estar prevista la remoción en la norma, los magistrados excedieron sus facultades y sobre interpretaron la norma en beneficio propio, ocasionando un problema de constitucionalidad que mella no sólo en la credibilidad de la Institución que tiene la última palabra en asuntos electorales, sino que además vulnera el Estado de Derecho, sentando un precedente negativo que, de ser respaldado por otras autoridades u otros poderes, abriría la puerta a que se pueda replicar en otras instituciones. 

Por eso no concuerdo con lo mencionado por el presidente de la Corte, ministro Arturo Zaldívar, cuando tácitamente da el espaldarazo a la mayoría y respalda de una u otra forma este procedimiento no contemplado en la Ley. ¿Qué el magistrado Vargas ha tenido una gestión cuestionable al frente del Tribunal y su permanencia en el cargo desgasta al órgano jurisdiccional? Eso probablemente no esté a discusión, pero la forma falló en quienes curiosamente se encargan de impartir justicia y cuyo actuar debe estar siempre apegado a lo que expresamente dice la Ley. 

Muy seguramente el magistrado Vargas terminará por renunciar a su encargo como Presidente (que constitucionalmente aún ostenta), pues su permanencia en el mismo es insostenible, pero por el bien de la institución y del Estado mexicano, debiera hacerlo por el procedimiento adecuado.