Durante los últimos días, a lo largo y ancho del territorio nacional, se han estado promoviendo amparos en favor de la vacunación de los menores de edad. Ante el inminente regreso a clases ordenado por la Secretaría de Educación, miles de niños quedan expuestos al virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del Covid-19. Si bien es cierto que la modalidad presencial no es obligatoria, también lo es que resulta necesario que los menores regresen a las aulas: la formación que requieren los estudiantes de los niveles básicos de educación se da mejor en la colectividad y en ambientes grupales. Esa es la paradoja, tal y como lo expusimos en la columna de la semana pasada: el derecho a la educación vs el derecho a la salud. 

Como habíamos comentado, la vacunación es la única forma de garantizar que los menores estén protegidos del SARS-CoV-2. No sólo pueden contagiarse en las aulas por el regreso a clases, pues sus mismos padres o familiares pueden llevar el virus a sus hogares, pero el inicio del curso escolar y la vuelta de los menores a la vida pública aumenta las posibilidades de contraer la infección. Sin embargo, el Gobierno federal -único nivel de gobierno autorizado para distribuir y aplicar las vacunas- no ha incluido en la Estrategia Nacional de Vacunación a las y los niños y adolescentes, aún cuando existe ya un biológico autorizado para personas a partir de los doce años de edad. ¿La razón? Todavía no lo tenemos muy claro, pero el discurso presidencial es que vacunar a los niños sería ceder a los intereses mezquinos de las farmacéuticas. 

Es por ello que numerosos padres de familia han tomado acciones en contra de esta estrategia nacional de vacunación. A través del Juicio de Amparo, los representantes de los menores pueden alegar afectación al derecho a la salud de sus representados y solicitar que un Juez de Distrito ordene la aplicación del biológico aprobado para personas desde los doce años. El Juicio de Amparo no es, como afirma López Obrador, un plan de sus adversarios para desestabilizar o golpear a su gobierno, sino un mecanismo efectivo al que los padres o tutores pueden acudir para proteger la salud de las y los niños. Verlo de otra forma sería, cuando menos, cuestionable. 

Si bien hasta ahora la presidencia no ha puesto obstáculo en la vacunación de los menores, sí ha dejado claro que esto lo hace por mera resolución judicial, es decir, por cumplir lo ordenado por los jueces, pero no porque el gobierno planee integrarlos a la estrategia de vacunación, situación por demás ilógica: al principio, los menores no necesitaban ser vacunados porque no existía un fármaco adecuado para ellos y porque el Covid atacaba principalmente a los adultos mayores. Ahora que la situación es contraria en ambos supuestos, es decir, que existe ya una vacuna autorizada para personas desde los doce años y que la incidencia de contagio va en aumento en jóvenes y niños, ¿cuál es el pretexto?