En las recientes semanas se ha observado en redes sociales y espacios de opinión un rechazo creciente a la restricción vehicular en Yucatán. La medida, como bien recordarán los lectores, fue impuesta hace más de un año por el Gobierno estatal, alegando que es una manera de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y reducir las infecciones de coronavirus. Primero se cerraron algunas calles de la ciudad, se acordará usted que ponían cintas policiales para desviar la circulación y posteriormente se expidió, de manera bastante arriesgada y controversial, el decreto por el que se restringe la circulación vehicular en el Estado a partir de determinada hora de la noche (hemos oscilado de las 10:30 a las 11:30 pm, según aparentemente cambia el semáforo epidemiológico).

En alguna ocasión hemos tratado en este mismo espacio el problema de constitucionalidad que
representa el “toque de queda” de facto que hay en nuestro Estado. El limitar la circulación en las calles, se quiera ver o no, afecta directamente el derecho al libre tránsito de los ciudadanos, además de que altera los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues no hay una norma que permita a autoridad alguna, que no sea el Presidente de la República, impedir el tránsito (incluyendo el vehicular) ni siquiera so pretexto de pandemia. Ninguna Ley en materia sanitaria
faculta a las autoridades a prohibir y sancionar indefinidamente y en espacios no específicos la circulación. No hay, entonces, forma alguna de ver a la restricción vehicular como una opción que las autoridades de alguna entidad federativa puedan tomar realmente.

Pero supongamos que en casos extremos y sin precedentes, como lo es el sufrir una pandemia, sea válido poner en una balanza ciertos derechos (y digo supongamos, porque esa es facultad exclusiva de los jueces): el derecho a la salud contra el derecho al libre tránsito. Para una sociedad que depende fuertemente del Gobierno y tiene un profundo sentimiento paternalista, en el que el Estado debe protegerlos incluso a costa de ellos mismos, es fácil argumentar que prohibir el tránsito vehicular es cosa menor si con ello se consigue mantener a raya el Covid-19. La cosa es, estimado lector, que ha pasado más de un año de restricción y en ningún momento las estadísticas han demostrado que sea una medida efectiva. Tan sólo desde la última vez que se restringió el tránsito, el Covid ha presentado un aumento sostenido en contagios, sin que haya una disminución real y tangible. De hecho, la única razón por la que las defunciones se mantienen relativamente bajas es gracias a la vacunación.

Pensar en que restringir la circulación y cerrar los negocios temprano funciona, mientras, por ejemplo, se permiten estadios de béisbol abarrotados o largas filas de un transporte público deficiente, es muestra de que no hay una política contra el Covid que se base en la ciencia y en los números, sino en criterios que, al menos para un servidor, no terminan de quedar claros. Si este tipo de eventos ya no representan peligro, lo congruente sería que muchos otros y circular en nuestros carros tampoco lo representara. Sin duda esta cuestionable medida opaca el acierto de Yucatán al ser la primera entidad en hacer obligatorio el uso de cubrebocas, hace ya más de un año.