Esta semana se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Aunque se habían hecho más de mil reservas al mismo por parte de la oposición, Morena y compañía decidieron ya cómo se utilizará el dinero de los contribuyentes el siguiente año.

Al respecto hay dos noticias relevantes y que podrían impactar de una manera negativa en el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano, pues se recortaron casi 8 mil millones de pesos a dos instituciones fundamentales para el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país: el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

En cuanto al PJF, la Cámara de Diputados (Poder encargado de fijar en qué se gasta el dinero de la Nación) descontó tres mil millones de pesos al presupuesto solicitado para el correcto funcionamiento del Poder encargado de la impartición de justicia. Estos tres mil millones iban destinados a la implementación de la Reforma en materia de justicia laboral, misma que beneficiaría a once entidades federativas a fin de que las controversias en la materia se resolvieran de una manera más pronta y expedita. Sin ese recurso, el PJF probablemente tendrá que postergar la implementación de este importante mecanismo. No sólo la justicia laboral agiliza los engorrosos procesos que hoy realizan las Juntas laborales, sino que son parte de una obligación del Estado Mexicano en el marco del Temec. Parte de las obligaciones de México es promover mejores mecanismos para la solución de conflictos en materia laboral, por lo que sin estos recursos, nuestro país podría sufrir sanciones o amonestaciones por parte de las auditorías previstas en el Tratado.

En el caso del INE, el recorte de casi cinco mil millones de pesos pone en riesgo el ejercicio democrático de la revocación de mandato. Al ser una consulta extraordinaria, el INE está obligado por la Corte a prever en su presupuesto los recursos necesarios para llevar a cabo este ejercicio. Sin ellos, el INE podría verse imposibilitado o rebasado.

No, no se pueden sacar los recursos de fideicomisos previos, pues por Ley estos recursos sólo pueden usarse para lo que están destinados. Creer lo contrario demuestra, como en el Secretario de Gobernación, una ignorancia del Derecho. Tampoco puede sacarse de los sueldos de los funcionarios que, por cierto, son aprobados año con año por los Diputados. Imagínese usted que tiene un dinero que le presta el Infonavit para comprar una casa, pero quisiera con él irse de viaje. Más o menos así funciona lo que ocurre con estas dos instituciones castigadas por la mayoría oficialista y que, por pura coincidencia tal vez, son las que han resultado un contrapeso para el Ejecutivo Federal.

Al final, quienes resultarán afectadas serán las mismas instituciones. Si no pueden cumplir con los compromisos, a pesar de la falta de recursos, el oficialismo no tardará en acusarlas de opositoras y neoliberales. La estrategia perfecta para quien, evidentemente, los contrapesos resultan molestos y un lastre