El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha presentado una denuncia en contra de seis Consejeros del Instituto Nacional Electoral y el Secretario Ejecutivo (quien por cierto no tiene ni voto en el Consejo). Afirma Sergio Gutiérrez Luna que los denunciados cometieron abuso de poder y colusión de servidores públicos, supuestamente por atropellar una resolución de la misma Suprema Corte de Justicia y por actuar en contra de la propia Constitución. Ya en la columna pasada comentábamos que el contenido del Acuerdo (que hoy se toma como abuso de poder y colusión) se limitaba a pausar determinadas acciones preparatorias, con miras a una eventual consulta de Revocación de Mandato y sólo mientras la Corte decidía sobre una Controversia promovida por el INE por cuestiones presupuestales. Es decir, no hay tal abuso de poder o contradicción con la Constitución, pues ni la recolección y revisión de firmas se interrumpieron.

Lo que sí preocupa es que desde uno de los Poderes del Estado se pretenda intimidar a un Órgano Constitucional Autónomo, impulsando una persecución penal en contra de quienes se posicionen frente al discurso oficialista. Tan mal está el asunto, que si el controvertido Acuerdo fue aprobado sólo por 6 de 11 Consejeros Electorales, hoy es la totalidad del Consejo quien repudia la denuncia del Presidente de la Cámara de Diputados. Cualquier decisión del INE que se considere infundada o sin razón puede impugnarse ante las instancias jurisdiccionales, como el Tribunal Electoral o la Suprema Corte. En una democracia, los actores políticos acuden a estas instancias que establece la Constitución, en lugar de amedrentar con procedimientos penales y la intervención de la Fiscalía General de la República.

Cierto es que el INE no es un Poder del Estado Mexicano y que, al igual que el resto de los funcionarios (incluido el Presidente de la República) está sometido a los principios y preceptos Constitucionales. Pero cualquier democracia sana y robusta requiere de figuras autónomas encargadas de los menesteres electorales y protegidas, hasta cierto punto, de las decisiones e intromisiones de los propios Poderes de la Federación. Utilizar los propios medios del Estado para intimidar a quien no se alinee con el discurso oficial, en lugar de recurrir conforme a Derecho sus actuaciones, demuestra más ebriedad de poder que espíritu democrático.

Es poco probable, sin embargo, que este tipo de atropellos e intentonas prosperen: un ataque tan frontal en contra del INE puede ser capaz de unir a propios y extraños, alentando pronunciamientos incluso dentro del oficialismo federal. Aunque desde el Legislativo y el Ejecutivo hay un anhelo por barrer y controlar al árbitro electoral, este tipo de maniobras pueden ser demasiado hasta para ellos, pues se enfrentarían a un descrédito no sólo nacional, sino en el concierto de las naciones democráticas.

Extra: se anuncia un “ajuste inflacionario” al IEPS que impactará el precio de las gasolinas. Llámese como se llame, esto es un aumento real de los precios. ¿No que ya no habrían gasolinazos “como en el pasado”?