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Recuerdo que en algún escenario académico le pregunté a un alto funcionario del Instituto Electoral del Estado si esa estructura pública era parte de la administración pública estatal; su respuesta fue un contundente sí. Estaba seguro que pertenecía a la estructura del Ejecutivo del Estado, por lo tanto, era parte de la administración pública estatal. Lo primero que debería realizar una persona al asumir cargo público es enterarse de la naturaleza jurídica del órgano donde empezará a laborar.

México no es el único país que cuenta con los llamados órganos constitucionales autónomos, también los tienen países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otros. En nuestra nación son organismos públicos que no están vinculados ni administrativa ni políticamente a ningún poder del Estado, sino surgen por mandato constitucional. Es decir, los crea la Constitución Política del Estado. Si bien es cierto que sus integrantes en ocasiones se comportan como parte del Poder Ejecutivo por recibir órdenes directamente del Ejecutivo o de la Consejería Jurídica, jurídicamente no tienen más que vínculos de coordinación con los demás poderes del Estado. Sin embargo, en México estos órganos suelen vincularse con intereses políticos de los grupos de poder. Ejemplos: el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros.

Dichos órganos realizan tareas constitucionales que no tienen que ver con la administración pública. Quizá el aspecto más discutido de los órganos constitucionales autónomos sea el nombramiento de sus integrantes. En muchos casos es el propio Poder Ejecutivo quien hace “la propuesta”, y el Senado o la Cámara de Diputados designa. Muchos sabemos que mientras esta designación siga siendo de esta manera no existirá autonomía de dichos funcionarios con respecto al Ejecutivo. Por lo tanto, seguirá dando la sensación de vinculación o pertenencia al Poder Ejecutivo.

Durante muchos años han sido incrustadas a esos órganos constitucionales personas supuestamente no vinculadas directamente con grupos políticos ni intereses partidistas, pero todos sabemos que no es así. En muchos casos al INE llegan políticos con ropaje de semi intelectuales académicos. Todo este desprestigio hace mella en los órganos constitucionales autónomos, al grado que hoy día pocos ven el trabajo loable que realizan estructuras como el INEGI o la CNDH.

Ahora resulta que se quiere desaparecer a los órganos constitucionales autónomos y ser absorbidos por dependencias o entidades de la administración pública. No toman en cuenta la idea central de crear estos organismos. Porque no se ve la bonanza de contar con ellos. Imagínese regresar a los tiempos donde la Secretaría de Gobernación era la encargada de realizar las elecciones y de dar el nombre del candidato ganador de la contienda.

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