No se vislumbra nada fácil la conformación de un Código Penal único o Código Penal nacional. Las intenciones de conseguir expedir un catálogo de delitos y sus penas que tenga aplicación en todos los estados y, por ende, la derogación de los 32 códigos estatales vigentes tiene larga historia, pero ha cobrado fuerza entre algunos grupos parlamentarios en esta legislatura.

Como antecedente inmediato que retomó esta idea está la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia de 2017, en la que participaron organismos de corte académico, de investigación especializados e instituciones públicas y privadas liderados por el CIDE, el IIJUNAM y el Inacipe.

Esta consulta derivó en un Informe, en el que se establece la recomendación de hacer una serie de reformas constitucionales, entre éstas al 73 de la Carta Magna, para otorgar facultades al Congreso para expedir un Código Penal Único “y generar una mejor articulación en los ámbitos de competencia federal y estatales en materia penal”.

Sin embargo, además de compleja, se trata de una delicada tarea que impactaría en el sistema de justicia de los estados. Cabe recordar que el Congreso de la Unión ya tiene facultades para legislar sobre diversos ordenamientos penales, entre ellos evidentemente el procesal penal, pero también en ejecución de penas y justicia penal para adolescentes.

Lo que no convendría, por ejemplo, es dar por sentado que la expedición de un código penal nacional o un posible endurecimiento de las penas impactarían directamente en la reducción del delito. Aunque, por otro lado, podría ser la oportunidad para estandarizar delitos comunes que afectan a todas las sociedades, como son los relacionados con el medio ambiente o los llamados ciberdelitos, o los que afectan particularmente a las mujeres, como es el caso del feminicidio.

Pero también está el tema complejísimo de cómo se conformaría este nuevo catálogo de delitos, pues hay temas como el aborto, por poner un ejemplo, en el que, como hemos visto, la mayoría de los estados lo querrían mantener en sus códigos penales.

Por eso es la necesidad de actuar también en otros frentes., por ejemplo, en una mejor actuación de las fiscalías que son las facultadas para ejercer la acción penal en la mayoría de los delitos, solicitar medidas cautelares e incluso las penas a imponer en los mismos cuando son acusados ante los jueces.

No hay que olvidar que, frente a un código penal único o los que actualmente están vigentes en cada estado, son las mismas instituciones y sus integrantes quienes finalmente materializan lo que las leyes, en papel, nos prometen. Y ahí, al parecer de este mismo informe, parece estar el cambio que se requiere con mayor urgencia.

De hecho da cuenta el mismo informe de los tres grandes problemas de la procuración de justicia en México: la falta de una visión sistémica sobre la función y operación del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia; los problemas estructurales de las procuradurías y su funcionamiento en el sistema acusatorio, y las deficiencias en la generación y uso de la información.