Se han expedido ya, en este gobierno, dos leyes de amnistía que tienen mucho sentido si consideramos el contexto de la procuración de justicia en nuestro país, carente, en muchos casos, de profesionalismo, voluntad y capacidad para realizar verdaderas investigaciones y en consecuencia impulsar procesos veraces y, por otra parte, las actuaciones policiales que solían trabajar a base de cuotas de detenciones.

Todo lo anterior, sumado al uso excesivo de la prisión preventiva como medida de cautela, la falta de inteligencia policial y la ausencia de políticas públicas efectivas con respecto a la reinserción, provocó lo que hoy tenemos: un sistema carcelario colapsado.

Sorprendentemente, la reinserción, como factor clave para el éxito del sistema penal, suele menospreciarse en el análisis del grado de éxito del sistema acusatorio y oral.

La realidad es que es decisivo y sin él no es posible esperar resultados completos del sistema acusatorio al que tanto se exige, puesto que un porcentaje importante de sentenciados y/o procesados a quienes se ha dictado prisión preventiva como medida cautelar son personas jóvenes, en edad productiva y que volverán a la sociedad, sea por cumplimiento de sentencia o por beneficios en el caso de los primeros o porque se dejará de seguir el proceso en el caso de los segundos.

Por eso es que tienen sentido las leyes de amnistía que hasta el momento se han expedido en favor de sentenciados por delitos relacionados con el consumo o posesión de cannabis o en favor de las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron jurisdicción en su lengua, esto en el entendido de que los primeros no son delitos proporcionales a esta pena de prisión y en el caso de personas indígenas muchas no habrían tenido la garantía de un proceso justo y debido.

Hasta el momento, la política pública penitenciaria que en México está enfocada en la reinserción requiere de una atención urgente, pero de la que hasta el momento se ha abordado poco.

Si dejamos fuera los centros federales, en México, según datos oficiales, había hasta el año pasado 372 centros penitenciarios estatales y municipales, de los cuales casi la mitad (47%) están sobrepoblados, con auténticas joyas de centros que tienen hasta un 300 y 600 por ciento de sobrepoblación.

En dichos centros, que en conjunto tienen capacidad para poco más de 209 mil personas, había unas 244 mil, lo que hace suponer que 34 mil 709 internos viven ahí en condiciones de hacinamiento.

Esto sin contar que en la mayoría de los casos no existe, como la ley señala, separación de sentenciados y procesados; estos últimos, a quienes ni siquiera se les ha declarado culpables o inocentes, pasan meses y hay casos en que años pagando penas anticipadas.

Así que la reinserción sigue siendo un pendiente imprescindible de atender si en verdad se quiere un resultado exitoso del sistema penal.