16 de Octubre de 2019

Opinion

“¿Dónde están?”

El Poder de la pluma

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“¿Dónde están?”, lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, uniéndose al reclamo de quienes mantienen viva esta demanda que, además de hacer valer el derecho a la justicia, implica ante todo la garantía que debe otorgar el Estado de que las víctimas indirectas, las familias de los jóvenes de Ayotzinapa, cuenten, a través de la autoridad investigadora, con una teoría del caso basada en datos pertinentes, creíbles y legales que puedan hacer avanzar el proceso, actualmente detenido.

El principal punto al retomar o incluso iniciar de cero la investigación sería superar la barrera de la desconfianza.

No basta con que el presidente se sume al reclamo social al preguntarse ¿Dónde están?, lo que ya es una promesa; pero el proceso penal implica sobre todo un ¿qué delito o delitos se configuraron y quién o quiénes pudieron haberlo cometido?

En realidad, en este momento, se requeriría una investigación preliminar de bajo estándar probatorio para poder realizar imputaciones de delitos a personas posiblemente relacionadas en su comisión, esto bajo las reglas procesales del sistema acusatorio y oral.

De hecho, en la fase inicial del proceso, particularmente la vinculación, lo que se analiza es si existió el hecho considerado por la ley como delito –hasta el momento se ha hablado de delincuencia organizada y secuestro- y si los datos de prueba “hacen probable la responsabilidad del gobernado en la comisión”.

La última noticia sobre algún avance en la investigación de la extinta PGR se dio a conocer en mayo de 2018, cuando se informó que había sido detenido un ex policía como otro probable responsable de los hechos.

En resumen, hasta hoy, la teoría de la autoridad investigadora había sido que “la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros de un grupo criminal, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero”, lo que implicaría también el delito de homicidio doloso que ahora no se menciona.

Las últimas informaciones públicas disponibles sobre el caso indican que hasta 2018 había 119 personas bajo proceso por delitos de secuestro y delincuencia organizada y el caso se encontraba en etapa de averiguación previa (hoy investigación preliminar). Pero el último de los detenidos “clave” de la PGR, Erick Uriel Sandoval, fue liberado en octubre del año pasado.

Otro tema a superar será la “contaminación” de evidencias y la falta de otras líneas de investigación de la PGR, que fue señalada en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de noviembre pasado: posibles fragmentos óseos y elemento odontológicos que no fueron analizados; la falta de consignación por el delito de desaparición forzada, entre otros.

Aun con una Comisión de la Verdad, la responsabilidad de la ahora FGR no puede ser suplida, pues es a la Fiscalía a la que le corresponde la investigación de lo hechos y llegar al momento de la acusación en un juicio.

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