Más de 20 organizaciones civiles, en coautoría, dieron a conocer esta semana el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU 2012-2019.

El documento fue elaborado para el 66° período de sesiones del CAT, que tiene lugar en Ginebra y durante el cual se realiza el 7° examen periódico de México respecto de esta práctica que cunde entre las corporaciones que ejercen el poder en nuestro país.

La ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se promulgó el 26 de junio de 2017, se deriva en gran medida del seguimiento que los organismos internacionales y la sociedad civil han venido dando a estas prácticas recurrentes en el país y que quedan impunes en 99% segun cifras oficiales.

El panorama previo a esta ley era de terror. En una encuesta aplicada en 2016 por el Inegi, 75% de las personas señaló haber vivido violencia psicológica durante la detención y 64% violencia física. Un tercio dijo que fue víctima de “métodos” de asfixia y una 5ª parte de descargas eléctricas. Aunado a ello, la mitad de las personas encuestadas refirió que fue presionada por el Ministerio Público para dar otra versión de los hechos y un quinto fue amenazada por el MP con hacer daño a sus familiares.

Por ello, la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes considera que en nuestro país la tortura está generalizada y que, pese a la expedición de la ley hacia casi dos años, aún se enfrenta a grandes retos.

La Encuesta Nacional de Personas Privadas de su Libertad en 2017, también levantada por el Inegi, vino a reforzar el conocido panorama: siete de cada 10 personas sufrieron violencia psicológica y seis de cada 10 violencia física, en el arresto. Al estar ante el Ministerio Público (MP), la mitad fue incomunicada, “el 39.4% recibió patadas o puñetazos y más del 23% recibió golpes con algún objeto y lesiones por aplastamiento, entre otros muchos reportes de violencia”, refiere el informe.

El nuevo reporte de las organizaciones civiles presentado la semana pasada pone el foco de atención en el hecho de que solo 20 de las 32 entidades han creado fiscalías especializadas en la investigación de la tortura, aun cuando el plazo que otorga la propia ley para su creación venció hace año y medio. Tampoco opera el Registro Nacional del Delito de Tortura contemplado en esa ley.

Recuerda también que la tortura derivada del uso ilegal e indiscriminado de la fuerza por el Estado (que recae en corporaciones policiacas, ministeriales y el Ejército) aumentó a raíz del despliegue, en 2006, de más de 45 mil elementos de la Sedena y ocho mil de la Semar, llegando a su máximo número en 2017 cuando se encontraban en las calles 52 mil soldados y 17 mil marinos, quienes realizaban tareas de seguridad pública. Cifras quizás menores que las que espera el presidente Andrés Manuel López Obrador que estarán desplegadas en todo el país con la Guardia Nacional, que podría llegar a 60 mil efectivos.