La prisión vitalicia ha venido ganando terreno en los códigos penales estatales, lo que contrasta con el sistema penal garantista vigente y con lo establecido en los tratados internacionales en torno a la racionalización de las penas y parece ignorar la poca efectividad entre el alto grado de punibilidad y la disuasión en la comisión de delitos, poniendo por delante, probablemente, la condescendencia de los legisladores o del propio Estado para con los ciudadanos.

También contrasta con la filosofía de reinserción que priva en el mundo occidental y se contradice por la poca o nula evidencia que existe entre la aplicación de penas más altas y la disminución de los delitos. De hecho, Estados Unidos sigue siendo un país altamente violento, en donde la cadena perpetua, equiparable a la prisión vitalicia mexicana, y aun la pena de muerte están vigentes en algunos estados.

Sin embargo, la disyuntiva entre esta idea de imponer penas más altas o trabajar en políticas públicas y estrategias de inteligencia que podrían ser más efectivas para desincentivar la comisión de delitos, está siempre presente y la idea del populismo punitivo toma fuerza en sociedades azotadas por la inseguridad, la violencia y la falta de un Estado con capacidad para menguar el poder de los grupos criminales. Una sociedad así tiende a sentirse más segura con la idea de una justicia punitiva e incluso vindicativa, aunque en la realidad no sea efectiva.

Es comprensible por qué en México la pena de prisión vitalicia empezó a tomar fuerza precisamente en los estados más violentos: Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz y Puebla contemplan en sus códigos penales esta sanción para delitos como el homicidio, el secuestro, la extorsión y el feminicidio.

Sobra decir que de nada o de muy poco ha servido que esta pena esté prevista en la ley aun cuando podría considerarse contraria a la Constitución.

Las cifras oficiales y las no oficiales reflejan que estos estados se ubican entre los más violentos de nuestro país, con números en delitos de alto impacto como homicidio doloso, secuestro, extorsión y feminicidio que no solo no han disminuido, sino que incluso han aumentado consistentemente desde hace casi una década.

Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato y Ciudad de México forman parte del grupo de entidades más violentas al considerar las tasas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Muchos de estos homicidios dolosos están relacionados con la actividad del crimen organizado y también en este año han aumentado los delitos de extorsión y secuestro, además de que también el número de víctimas por estos delitos creció en este año, según cifras oficiales. Veracruz sigue teniendo un alza de víctimas por secuestro en este año.

Por su parte, Quintana Roo ha visto un crecimiento de 75% en incidencia delictiva y el Estado de México permanece como uno de los de mayor ocurrencia de feminicidios, a pesar de haber aplicado en 2018 la primera sentencia de prisión vitalicia por este delito.