El caso Cassez se convirtió, por la gran atención que recibió y el nivel diplomático que escaló, como el referente de la justicia en las épocas en las que Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública.

He leído ya dos de los libros que abordaron el caso, Una novela criminal, de Jorge Volpi, y El Affaire Cassez, de José Reveles, ambos de 2018, que toman como eje la revelación periodística acerca de la detención fabricada de la propia Florence Cassez e Israel Vallarta en un predio ubicado en la carretera México-Cuernavaca el 9 de diciembre de 2009 el cual fue transmitido en las dos principales cadenas de televisión abierta de la época “en vivo”, como si de un reality show se tratara.

Ambos siguen un hilo conductor que plantea la misma escalofriante teoría: que la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez se fraguó en apoyo a una venganza por parte de un empresario con el que Vallarta y el hermano de Cassez tuvieron problemas en el pasado. Para ello, teorizan los autores, se abusó del poder desde las instituciones, se ejerció la coacción, tortura, violaciones físicas y psicológicas contra estas dos personas, pero sobre todo contra Vallarta y sus familiares: tío y sobrinos a quienes también se detuvo de forma irregular y tuvieron que pasar en prisión algunos hasta 7 años.

Como sabemos, fue gracias a la intervención del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, pero también la evidencia de que se había “recreado” la detención y de alguna forma la presión mediática mundial, que Cassez pudo remontar una lucha legal desde la prisión en la que pasó siete años y que el caso llegara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto aun cuando, en México, la opinión mediática se decantó a adelantar el juicio “paralelo” sobre ambos para mostrarlos como culpables.

Ambos libros recogen parte de sus expedientes y de lo expuesto en la resolución del amparo en revisión 517/2011, resuelto por la Suprema Corte que amparó a Cassez y revocó la sentencia de 90 años que había recibido en primera instancia y ordenó su inmediata liberación, resolución que, aprobada con tres votos de la primera sala de ese máximo tribunal, incluyendo la del hoy presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y la secretaria de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero.

El caso vuelve a la memoria colectiva ahora y los personajes de esta otra novela que aún no se ha contado reaparecen cuando hemos conocido la detención del ex secretario de Seguridad en Estados Unidos.

Independientemente del giro que dé su proceso penal, el caso Cassez-Vallarta no debe olvidarse y, como dijeron el ministro Zaldívar en su momento y la propia Sánchez Cordero, debe quedar como un “precedente garantista” que debiera también permanecer fresco en nuestra memoria colectiva, sobre todo porque no saber si la procesada fue o no culpable y aun el propio Vallarta que aún está en prisión a pesar de todas las irregularidades documentadas, también es una forma de impunidad.