Una investigación conjunta entre World Justice Project y Animal Político ha puesto el foco, nuevamente, en lo que se denomina Justicia Cotidiana, es decir, la resolución de los conflictos que se presentan en el día a día entre los ciudadanos y que caen en las otras materias del derecho que no son la penal, civil, mercantil, familiar e incluso laboral, asuntos que, pese a que abarrotan los juzgados locales, están en el último lugar de la lista de prioridades presupuestales o de atención del Estado.

No hay que olvidar que desde 2016 el gobierno federal, con el CIDE, había llevado a cabo un diagnóstico derivado de los “Diálogos por la justicia cotidiana” que daría pie a una serie de reformas en las materias no penales e incluso en la laboral. La mayoría de estas propuestas no han sido continuadas y no parecen ser de prioridad por parte del Congreso de la Unión.

Por justica cotidiana se entienden las disputas entre vecinos; los incumplimientos de las obligaciones familiares; los incumplimientos de pagos o los abusos de quienes han dado un préstamo contra el deudor; el incumplimiento de los patrones con los trabajadores, entre muchos otros.

El reporte señala que la mitad de la población, unos 60 millones de habitantes según el más reciente censo del INEGI, ha sido parte de un conflicto de esta naturaleza. En 2018, apunta, “se reportaron tres millones de casos sin resolver en los juzgados civiles y familiares, mientras que en las juntas laborales se acumularon “80 mil nuevos casos rezagados al año”.

No atender estos asuntos o que las personas no perciban que han recibido justicia o que ésta ha sido demasiado tardada tiene consecuencias económicas, laborales e incluso de salud. En algunos casos, incluso puede generar violencia y hace prevalecer la proclividad de los ciudadanos a violar la ley para “hacerse justicia”.

El trabajo de estas organizaciones pone sobre la mesa los temas relevantes que requieren atención inmediata si de verdad el Estado quiere cambiar los mecanismos y mejorar la eficacia de los sistemas de impartición de justicia, empezando por los pocos recursos que reciben los sistemas de justicia local. Mientras destina 0.2% del PIB al sistema de justicia federal, México solo otorga 0.14% a los sistemas estatales, lo que es completamente opuesto a sus cargas de trabajo: en 2018 a los juzgados federales llegaron 583,005 casos del tipo de justicia cotidiana, mientras que a los juzgados de los poderes judiciales estatales llegaron 2.126,000 asuntos, es decir, cuatro veces más.

Otro tema es la relevancia que se da al sistema penal en cuestión de recursos versus las materias familiar, civil, mercantil y laboral que resuelven los asuntos cotidianos: mientras un juez penal atiende 190 nuevos casos por año, un juez en materia civil debe atender 911 y uno familiar 1,619 en ese periodo.

En este mismo tenor están los asuntos laborales que llegaron a 226,889 en 2018, de los que fue atendido un 63% principalmente por la poca capacidad de las juntas.