Reformas a la Constitución y el apartado B del 123 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; a la Ley de la Defensoría Pública; la de Amparo; al Código de Procedimientos Civiles, y expedición de dos nuevas leyes: Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación se proponen en el paquete que será presentado por el presidente de la república a propuesta del Poder Judicial federal.

Entre algunos cambios que implicaría están, por ejemplo: el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, donde el propio Poder Judicial tiene 3 de 7 posiciones, en contraposición al Tribunal especial que el Senado habría querido proponer en las supuestas iniciativas de enero pasado, con la justificación de acabar con la corrupción y las malas actuaciones de jueces y magistrados.

El fortalecimiento se expresa en la nueva Ley de Carrera Judicial cuyo objetivo es ser un sistema de ingreso y promoción de los servidores judiciales federales “basado en el mérito y la igualdad de oportunidades”.

Las sanciones quedan, en la nueva ley del PJF, remitidas al título IV de la Constitución que incluye amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas “por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.

El proyecto propone la Unidad de investigación de responsabilidades administrativas, a cuyo titular designa el pleno del Consejo a propuesta del presidente y que se había adicionado en la reforma de 2018, pero añade entre sus funciones la de requerir informes a Hacienda y a la Comisión Bancaria y de Valores y aplicar medidas para que no se destruyan indicios en los procedimientos disciplinarios contra magistrados y jueces.

Las contralorías, como órganos internos de control, siguen a cargo del control y la inspección del cumplimiento de las normas administrativas, al cual se agrega la facultad de llevar el Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados.

El Consejo se fortalece, pues tiene a su cargo la carrera judicial, por medio de la cual se busca combatir el nepotismo y los nombramientos cruzados de familiares de magistrados y jueces de distrito.

La ley de la carrera judicial que se propone señala como finalidades “garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos que tomen parte en ella”, lo que “no pretende ser un catálogo de buenas intenciones”.

Será el Consejo de la Judicatura el que acuerde la forma con base en los que serán evaluados los servidores judiciales para que permanezcan en su función, sean promovidos o dados de baja.

Entre sus funciones también está la organización de los nuevos tribunales de apelación que sustituyen a los unitarios de circuito y los plenos regionales que sustituyen a los de circuito.

Finalmente se pretende una reforma importante a la Defensoría Pública federal.