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La salud está mencionada varias veces en la Constitución Política de nuestro país, que, en su artículo 4º, garantiza el derecho a la protección de la salud para todas las personas. Más tarde, en el artículo 73, señala: “En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República”.

Quien está obligado a garantizar el derecho a la salud con “acciones positivas para preservarla o repararla” es precisamente el Estado, cuya obligación constitucional es establecer sistemas que otorguen asistencia médica o sanitaria.

Al ser un derecho social, el Estado, además, tiene que garantizar la preservación de la salud y evitar que sea afectada incluso por particulares, por eso es que supone una vigilancia de condiciones de trabajo y de salud pública en general. Esto es así porque este derecho tiene dos dimensiones: la individual y la social o comunitaria que puede estar amenazada (como sabemos que está ahora) por epidemias.

Estas obligaciones cobran especial relevancia en estos tiempos de pandemia y en México preocupan doblemente porque nuestro país ha mantenido un sistema de seguridad social costoso para todos los ciudadanos, pero, en términos generales, ineficaz para cumplir cabalmente con la obligación del Estado para garantizar la salud.

Si esto ocurre en escenarios ordinarios, ¿cómo entonces podríamos sentirnos seguros, echar las campanas al vuelo y encomendarnos a nuestro santo preferido cuando se trata de una pandemia que ya ha afectado la salud y la vida de una buena parte de los habitantes de 169 países del mundo?

Este temor, el de la poca capacidad del Estado frente a un hecho como la pandemia del Covid-19, es la otra pandemia que afecta a todos los países y que particularmente en el nuestro nos tiene tan preocupados si el contagio se expande sin que haya la capacidad de camas y hospital médico que en algunos estados no alcanza ni para atender los casos de dengue. Es este el temor que ya tiene enormes repercusiones en los ámbitos político, económico y social de nuestro país aunque las altas esferas del gobierno federal no quieran verlo. Conocer la debilidad de nuestro sistema de salud y saber que ese derecho a la protección de la salud difícilmente pueda ser garantizado en un contexto como el de ahora ha tenido un efecto mayor que ya se está reflejando, por lo pronto, en el ámbito económico.

A nivel global esta pandemia muestra qué tan débiles pueden ser nuestros derechos frente a la posibilidad de que quien debe garantizarlos no se encuentra en capacidad o es ineficaz para cumplir con su deber. Obligación que, por cierto, también se menciona claramente en la Constitución federal.

Es por eso que cada vez que el legislativo aprueba un cambio constitucional más en el que flamantemente establece que “El Estado garantizará”, no hay muchos motivos para echar campanas al vuelo.