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En la Constitución, resoluciones de la Corte y convenciones internacionales se ha establecido el interés superior de niños, niñas y adolescentes como un eje rector para ponderar siempre los intereses de éstos antes que los de un tercero, incluso los propios padres. Esto es así porque niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen derechos que deben ser garantizados y sus intereses, especiales en dicha etapa de la vida, considerados de manera prioritaria en procesos y decisiones judiciales, un asunto que es de extrema dificultad cuando los propios padres anteponen sus intereses al de sus hijos en los conflictos.

El artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Es decir, es también un deber de las familias procurar estas medidas de protección que permitan a los NNA ejercer sus derechos.

Nuestra Constitución, en su artículo 4º, habla de los derechos de la infancia y su interés no sólo como un eje para juzgar, sino también para que los gobiernos se guíen al crear o implantar políticas públicas.

Anteponer el interés de los menores es (aunque no debería serlo) un asunto complejísimo, porque la vida y el entorno, particularmente de quienes se ven en medio de procesos de divorcio o separación, reviste particularidades que dificultan e incluso se contraponen a una vida sana y plena.

Además, cada sociedad y familia tiene sus propios códigos y costumbres, reglas no escritas, casi inamovibles, en la convivencia, como dice el dicho: “Cada maestrito con su librito”. Estas ideas fijas debilitan la disposición de los padres a cambiar, en beneficio de sus hijos, sus costumbres cuando son contrarias a los intereses de los menores de edad.

Es de lógica pensar que un ambiente violento transgrede el interés superior de NNA y lo es también someter a los hijos a procesos de separación o divorcio hostiles y violentos, pero las noticias nos muestran que siguen siendo de alta prevalencia en el marco de la violencia intrafamiliar. En el entorno actual, los NNA están padeciendo de forma muy particular las restricciones que por sanidad se han impuesto a las sociedades de todo el mundo.

El hub o centro de noticias de la Universidad Johns Hopkins sobre Covid-19 publicó un artículo relacionado con los efectos que estas restricciones están causado en los adolescentes y previó que podrían agravar retrocesos educativos y habilidades sociales y emocionales.

Y advirtió: “En una variedad de comunidades, los adolescentes que viven en hogares donde hay abuso y violencia interpersonal corren un riesgo aún mayor ahora que las familias están atrapadas en el hogar... Se sabe que el estrés y el trauma tienen un impacto significativo en la salud mental”.

Por eso es preciso que padres, madres y familias extendidas piensen que el bien de sus hijos es llevar una convivencia sana cuando los padres estén juntos o no, y utilizar las herramientas digitales que existen para no perder el contacto con los padres que estén lejos.