El pasado 30 de julio fue el Día Mundial de la Trata, establecido por la ONU. El trabajo forzoso y la explotación sexual son los principales fines para los cuales las personas son capturadas y explotadas, pero también lo son la servidumbre doméstica, la mendicidad infantil y la extracción de órganos.

Como es de esperarse, los grupos vulnerables de la población son los objetivos que están en la mira de las organizaciones que se dedican a este millonario negocio ilícito: mujeres y niñas, niños y población económicamente precarizada, pero también migrantes. Las cifras apuntan a una generación de recursos que alcanza la friolera de 150 mil millones de dólares al año en todo el mundo por este delito.

Aun cuando la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos se emitió hace casi 10 años, México no ha alcanzado el nivel de combate esperado.

De acuerdo con el Reporte de Trata 2019 del gobierno de Estados Unidos, en nuestro país “los tratantes reclutan y explotan a mujeres mexicanas y niños, y en menor medida a hombres y personas transgénero, en la trata sexual en México y los Estados Unidos a través de falsas promesas de empleo, relaciones románticas o extorsión” y los usan en trabajos forzados en agricultura, servidumbre doméstica, cuidado de niños, manufactura, minería, procesamiento de alimentos, construcción, turismo, mendicidad y venta ambulante en ambos países”.

Actualmente, los estados tienen facultad para investigar y perseguir de oficio este delito, es decir, sin que medie una denuncia o querella, con penas de entre 5 y 15 años. Sin embargo, para que un proceso por este ilícito prospere debe probarse la acción u omisión dolosa “para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”, cuestión que puede ser extremadamente compleja si no hay una labor de investigación y de seguimiento, dado que las víctimas suelen estar sujetas a formas de amenaza muy sutiles, que les impiden denunciar abiertamente los hechos, o bien carecen de mecanismos de escape cuando se encuentran esclavizadas.

Aunado a esto, se ha informado públicamente de redes de trata que trabajan bajo la protección de algunos órganos del Estado.

Un ejemplo de esta complejidad se ve en la película “Las Elegidas” (David Pablos, 2016), que aborda una relación romántica entre dos adolescentes, la protagonista Sofía y Ulises, este último en realidad un “enganchador” que provee de mujeres jóvenes a una red de trata.

La cinta muestra como clave del engaño la apariencia natural e inofensiva del joven y la acogida que su familia le ofrece a Sofía. En realidad, tanto Ulises como su familia se dedican a este negocio ilícito como forma de vida. Vale la pena mirar esta película y el terrible destino que le espera a Sofía, como a muchas mujeres que son víctimas de este delito para fines de explotación sexual.