Hace unos meses, Facebook dio a conocer a los 16 primeros miembros de lo que algunos medios han bautizado como su “Tribunal Supremo”, un Consejo Asesor de Contenidos que deberá llegar a 40 integrantes.

Esto significa que, si bien Facebook puede controlar los contenidos en su enorme espacio digital donde converge un tercio de la población mundial, las personas, grupos, instituciones o empresas que sean “limitadas” o sobre las cuales Facebook ejerza “censura”, tendrán el “derecho” de apelar esta decisión y es aquí donde entra en juego el Consejo que revisará las apelaciones que los afectados presenten ante Facebook y emitirá una decisión que será vinculante para la empresa, es decir, deberá ejecutarla.

Resulta interesante que Facebook haya tomado esta iniciativa, con lo cual genera alianzas con figuras internacionales y organismos de defensa de derechos digitales de la talla de una exprimera ministra de Dinamarca, un exdirector de la organización Artículo 19 y la directora de la Fundación de los Derechos Digitales, estos últimos organismos de alcance mundial por la defensa de la libertad de expresión y de los derechos relacionados con el mundo digital.

Pero lo más interesante es que se somete a un ente que podría ser considerado un “Poder Judicial”, fundado bajo sus propias “leyes” y mecanismos de “gobierno” que son los que sientan las bases sobre las cuales las personas pueden interactuar en esa red social y en su plataforma Instagram. Es decir, suma un poder más a su propio “país” digital.

Dadas las presiones que algunos gobiernos estaban poniendo sobre Facebook por cuestiones sobre violaciones a la privacidad y tolerancia, y las fake news y discursos de odio, la respuesta del gigante mundial parece ser del mismo tamaño que las presiones: es decir, Facebook deja en su propio terreno (y no en el de los gobiernos de los países donde tiene influencia) las decisiones relativas a qué puede ser censurado de sus redes. Aún cuando el Consejo sea independiente, su creación confirma su estrategia de que lo que pasa en Facebook se resuelve ahí, sin injerencia de los gobiernos o sistemas judiciales de los países a los que llega su servicio, ni de los organismos de derechos humanos internacionales.

Además de resolver apelaciones de los usuarios de Facebook, el Consejo podrá conocer asuntos que la propia empresa ponga a su consideración para tomar decisiones sobre contenidos que se deban retirar o dejar en sus espacios, vamos en su propio país.

Las decisiones del Consejo serán vinculantes e inapelables, lo que significa que Facebook deberá implementarlas “a menos que hacerlo suponga infringir la ley”. En la página del Consejo Facebook señala que “la Junta revisará si el contenido es coherente con las políticas y valores de Facebook e Instagram, así como el compromiso de defender la libertad de expresión dentro del marco de las normas internacionales de derechos humanos”.

Esto significa que, además, la propia empresa estaría, motu proprio, apegándose al Sistema Universal de los Derechos Humanos. ¿Será que estaremos viendo muy pronto jurisprudencia que genere el “Tribunal Supremo de Facebook”?