La escalada de violencia en el país es un tema que preocupa a propios y extraños. Una cosa es querer diferenciar tramposamente la estrategia actual de “abrazos y no balazos” de otras en las que se aduce a medias que el combate frontal al crimen organizado incrementó los asesinatos en México.

Lo cierto es que los números no mienten y con ellos se expone que el actual gobierno ya supera por mucho la cifra de muertes violentas que hubo en sexenios pasados. Que no se quiera hablar de ello no borra las evidencias y la historia juzgará a quien dolosamente decidió una cruzada de brazos caídos ante el avance de los grupos delictivos. Si a ello sumamos las acusaciones sobre una supuesta intervención de los cárteles en las elecciones del 6 de junio, no resulta sorpresa que muchos piensen en la complicidad manifiesta entre gobierno y delincuencia. ¿A quién apoyaron los narcotraficantes en las urnas? ¿Quiénes se beneficiaron con la coerción de estos grupos sobre la población?

Los señalamientos apuntan casi en todos los casos al partido en el poder. Edomex, Michoacán, Sinaloa y Sonora son los estados en los que, según se ha denunciado, existieron mayores incidencias de que la mano del narco estuvo metida en las elecciones. Lo cierto es que, de una u otra forma, la presencia de la delincuencia está en todo el país y, en mayor o menor medida, estos grupos tratan de intervenir en las decisiones políticas. Es lamentable que México atestigüe de nueva cuenta las masacres a diestra y siniestra que evidencian de manera preocupante la ausencia del Estado. Con cambios institucionales que pretendían fortalecer el combate a la delincuencia, se eliminó la Policía Federal para dar paso a la Guardia Nacional, lo que hasta la fecha no ha dado los resultados esperados. El Ejército está más activo que nunca… Pero en labores de construcción de aeropuertos, trenes, presas y autopistas, es mero espectador de los constantes ilícitos que ponen en riesgo la vida y propiedades de la gente. Y ni qué hablar de la Marina, institución que en el pasado fue el eje de los grandes golpes al narcotráfico y hoy se encuentra relegada.

Ante este lamentable escenario también está la Fiscalía General de la República, cuyo titular resultó, paradójicamente, más “fiscal carnal” del Presidente que aquel que tanto se le criticó al peñismo. La FGR se convirtió en el garrote político del régimen para ablandar a los disidentes y enemigos del sistema. Tanto ruido hacían para presumir la independencia de Gertz Manero que terminó peor que sus antecesores, arrodillado a los pies del rey. En los estados la cosa se complica pues a falta de policías confiables la población se encuentra desprotegida. Los exámenes de confianza, que debieran ser la columna vertebral de la profesionalización de las corporaciones, están cada vez más ausentes o con nulo rigor y seguimiento, lo que impide la construcción de cuerpos policiales de alto nivel. La seguridad también ha sufrido los embates del recorte presupuestal, al igual que en el resto de las áreas prioritarias los pesos y centavos son cada vez más escasos. La inversión en procuración de justicia y profesionalización de las corporaciones reciente la falta de dinero y, por consiguiente, aleja a la gente del anhelado escenario de paz y justicia.

Si en tres años la estrategia de seguridad ha brillado por sus deficiencias, es tiempo de replantearla de ahora en adelante. Insistir en que no se debe enfrentar al crimen con todo el poder del Estado no solo es una necedad, también una gran irresponsabilidad.