En México, los pueblos originarios, entre ellos los mayas yucatecos, y el mismo Estado han cambiado desde la fundación del Instituto Nacional Indigenista (INI) hace 70 años. Conceptos y nociones como identidad, autonomía, reconocimiento, diversidad y multiculturalismo se han encontrado en la configuración de las reformas constitucionales.

Históricamente los mayas han sufrido procesos de destrucción, racismo, expropiación, despojo, pero también han sido capaces de resistir e innovar, y de apropiarse de otros elementos que los han enriquecido y que les han permitido continuar como pueblo con conocimientos, cultura e identidad propios.

Hoy se requiere de un nuevo lente teórico y analítico que visualice y comprenda estos cambios, con el fin de dotar a la institucionalidad pública de herramientas y metodologías adecuadas que reconozcan las capacidades y potencialidades desde la lógica del pueblo maya, y no desde la lógica oficial, caracterizada por el asistencialismo basado en el paternalismo y la pasividad, que ha derivado en diversas formas de caciquismo y corrupción.

En otras palabras, diseñar e implementar políticas públicas y sociales (en economía, infraestructura, salud, educación, cultura, impartición de justicia) que partan del reconocimiento y las necesidades de los pueblos mayas como sujetos activos de derecho, desde su diversidad cultural y particularidad regional, y no desde el Estado hacia los mayas, como se han venido elaborando y aplicando. Políticas que desconocen la complejidad de sus sistemas de redes sociales, territoriales y simbólicas y sus expresiones artísticas y culturales.

El nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que anuncia el futuro Gobierno Federal deberá jugar un rol distinto en la formación de expertos indígenas con capacidad y sensibilidad intercultural y de diálogo para diseñar y gestionar propuestas de bienestar social de largo alcance, que reconozcan los grandes aportes del pueblo maya a la sociedad.

Asimismo, debe promover la articulación de instancias estatales, civiles y académicas afines con el pueblo maya y su cultura, para evitar duplicidades de acción.

De lo contrario, seguirán imperando prácticas demagógicas y relaciones de dominación y dependencia con ausencia de políticas de estado eficaces a nivel regional y municipal.