México tiene entre sus fortalezas un capital humano excelente, solidario y dedicado al trabajo y a la familia.

Los pasados festejos de nuestra independencia plasmaron en nuestro ser la imagen de un pueblo orgulloso de sus raíces y de la libertad que se dio a sí mismo, con la guía de los líderes que dejaron su obra escrita con letras de oro en las páginas de nuestra historia.

Muchas vidas de mexicanas y mexicanos ilustres se ofrendaron para llegar a ser una nación libre, soberana, cuyos derechos, prerrogativas y garantías quedaron plasmados en las leyes que nuestras autoridades están obligadas a cumplir, a respetar y la ciudadanía debe conocer para no incurrir en algún tipo de delito, acaso por omisión.

A fines de agosto pasado, en Oxkutzcab se dieron actos de inconformidad y protestas violentas, ante el lamentable fallecimiento de un varón en la cárcel municipal, protestas que pusieron en riesgo la integridad de los manifestantes y destruyeron parte del patrimonio de la comunidad.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, de nueva cuenta, exhortó a las autoridades municipales del Estado a redoblar esfuerzos de vigilancia en las cárceles públicas de sus demarcaciones a fin de no lamentar hechos como los que derivaron en la muerte de un joven.

Podemos compartir la indignación de los pobladores ante la muerte de este muchacho, pero no avalar el querer hacer justicia por mano propia, vía equivocada para solucionar estos problemas en un Estado de Derecho, es decir en donde imperan la ley y la justicia.

Los funcionarios deben estar conscientes de que las personas detenidas están bajo la responsabilidad de la autoridad correspondiente, por lo que en todo momento deben vigilarlas para evitar que cometan algún acto que atente contra la integridad de otro detenido o intenten privarse de la vida.

Ante esta problemática que viola los derechos humanos de las personas detenidas, la Codhey emitió, en 2014, una Recomendación General sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Detenidos en las Cárceles Municipales del Estado de Yucatán y de siempre capacitamos en materia de derechos humanos a funcionarios públicos y a la población en general.

Las y los alcaldes de Yucatán tienen el deber de priorizar la vigilancia de los detenidos en las cárceles para garantizar la seguridad de éstos por el tiempo que estén bajo su resguardo y consecuente responsabilidad.

Servidor público: a cumplir con lo que la ley ordena, para que en México sigamos viviendo en paz y bajo el imperio de la ley, como fue el espíritu de los héroes que nos legaron patria y libertad bajo la premisa del respeto a los derechos humanos.