Positivo, muy positivo es que instancias nacionales estén preocupadas, como lo está toda la sociedad, no solo de Yucatán, sino del país entero, por la verdad y nada más que la verdad, en torno al caso del joven que fue privado de la vida en el centro de Mérida. 

El pasado día 9, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió un comunicado, en el cual nos pronunciamos en contra de todo acto de autoridad motivado por discriminación, estigma y estereotipos que atenten contra la dignidad de un ser humano. 

Urge garantizar el eficaz acceso a la justicia para evitar la impunidad en contra de los derechos de una persona. 

Como puede comprobarse en las Observaciones Generales acerca de la situación de los derechos humanos en el estado de Yucatán, presentadas en el Informe Anual de Actividades, la Codhey advirtió que la mayoría de las corporaciones policíacas no han dirigido sus actuaciones bajo el imperativo de respetar, proteger y defender los derechos humanos. Esto transgrede la libertad personal, integridad, legalidad y seguridad jurídica. 

El 83.33% de las recomendaciones emitidas por este organismo fueron en relación a violaciones de libertades fundamentales, en específico, en el contexto de seguridad pública y acceso a la justicia. 

Emitimos medidas cautelares, en las que primordialmente solicitamos garantizar los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, la integridad y el libre tránsito. Ante estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se pronuncia por la urgencia de garantizar el derecho a la legalidad y seguridad pública, en virtud de que constituye un elemento primordial para consolidar un eficaz sistema de libertades. 

Es necesario que las fuerzas policiacas, estatales y municipales reciban capacitación en materia de derechos humanos, al igual que todos los mandos, en el uso adecuado de la fuerza pública por hechos que dentro del ámbito de su competencia vulneran derechos humanos. 

Es imprescindible la profesionalización de las y los servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana y que la profesionalización sea evaluable, continua y permanente, desde un aspecto cuantitativo y cualitativo, en el correcto desempeño de las funciones policiales que garanticen la efectiva protección de las garantías fundamentales. 

Desde el pasado 30 de julio, cuando la madre de la víctima acudió ante la Codhey a denunciar los hechos iniciamos el proceso de investigación y apoyo en todo sentido. 

Reitero la protección a la familia de la víctima y nuestra coadyuvancia con las autoridades investigadoras para que brille la justicia, simple y llanamente.