Es importante reconocer que 2018 nos dejó un cúmulo de experiencias que nos obligan a acelerar la marcha para que en el campo de las prerrogativas humanas redoblemos nuestros esfuerzos para bien de nuestra sociedad, de todos los sectores que la conforman.

El pasado 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y los 70 años de la Declaración Universal de los mismos.

En retrospectiva, las prerrogativas humanas han avanzado; sin embargo, aún falta mucho más por hacer sobre todo luego de ese parteaguas que significó para la humanidad la Segunda Guerra Mundial, a partir de la cual casi todos los pueblos del orbe hacen enormes esfuerzos para evitar la barbarie que se da en los grandes movimientos armados, como en esa gran guerra que derivó en el genocidio que todos conocemos y que no dejamos de lamentar.

Hoy por hoy entre algunos pueblos persisten las luchas armadas, cosa condenable y por supuesto deplorable, pero no olvidemos que esos conflictos se dan bajo la vigilancia del derecho internacional humanitario, que regula las confrontacones bélicas para no causar daño a la población civil y para atender con humanidad a quienes resulten lesionados en esos lamentables enfrentamientos, los cuales debemos detener con leyes, normas y reglamentos que todos los pueblos agrupados en la ONU han jurado solemnemente respetar y defender.

A nivel de nación, la sociedad mexicana debe de dar un paso adelante en la defensa, respeto y promoción de los derechos humanos en todos los campos de nuestro diario acontecer.

¿Cómo? Simple: no nos quedemos callados o calladas cuando consideremos que se ha violentado alguna de nuestras prerrogativas.

Las y los servidores públicos tienen que saber que los derechos humanos pueden ser violentados, no solo con pleno conocimiento de lo que se hace, sino que esa vulneración a las prerrogativas humanas también puede darse por desconocimiento u omisión en el cumplimiento de lo que una norma o la Carta Magna mandatan.

Que ningún juez o jueza sufra el señalamiento de que una instancia superior le enmiende la plana mediante un juicio de amparo o la elevación de la queja ante una instancia internacional, como podría serlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo mejor que puede ocurrir es desterrar los prejuicios que puedan hacer que algunos jueces retuerzan la ley que juraron defender para privar así a alguien o a un grupo de sus justas prerrogativas humanas.

Esa es la gran tarea que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, tarea que no podremos llevar a cabo sin el apoyo de la sociedad yucateca.

Enfrentemos con valor el trabajo que nos espera en este naciente 2019.