La euforia por el Tren Maya se verá frenada si no se consulta directamente y sin disfraces a los pueblos indígenas asentados en la zona del megaproyecto ferroviario. Bastará que un grupo de mayas no se dé por satisfecho o encuentre la consulta con sesgos para que vía órganos de justicia nacionales o internacionales se dictamine la suspensión del proyecto. Ya ha sucedido, al menos en el sexenio pasado se cancelaron dos obras y se suspendieron ocho. Algunas de las cancelaciones o suspensiones fueron por recomendaciones de la CNDH y otras fueron sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

En 2012 la CIDH sentenció al gobierno de México a la cancelación definitiva del proyecto minero de la First Majestic Silver que se realizaba en San Luis Potosí, justamente en territorio de los wixárica (huicholes). La sentencia de esta instancia internacional que tiene jurisdicción en nuestro país se fundamentó en la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales en sus ámbitos de competencia al impedir el disfrute de los derechos humanos de esta nación indígena; además, la sentencia señala que las autoridades federales iniciaron el procedimiento para otorgar concesiones mineras en tierras de los wixáricas y sus áreas aledañas sin tomar en cuenta la opinión y tradiciones del pueblo indígena.

Otro ejemplo es la suspensión definitiva de la obra conocida como Acueducto Independencia, en el estado de Sonora; el proyecto de llevar agua a Hermosillo se vio suspendido en sus funciones por la falta de consulta del pueblo yaqui. Tratando de subsanar el problema el gobierno estatal diseñó una consulta retrospectiva, acción paliativa que no convenció al pueblo yaqui que vive de los afluentes del río que pasa por su territorio.

El trazo del Tren Maya atravesará dos grandes territorios indígenas, el de los cruzoob y el de los chenes, estos últimos, además, están desencantados por la mano tibia de las autoridades agrarias y ecológicas frente a la modificación de uso del suelo que realizan los menonitas.

Aunque los mayas yucatecos son pacíficos, el descontento afloró frente a las triquiñuelas que arman los organizadores de los Foros Peninsulares Mayas que se constituyen por sí mismos como contrarios a los preceptos de una consulta directa a la poblaciones mayas. No hay que pasar por alto las características de la consulta que deben ser: de buena fe en el proceso, de carácter previo, libre en la opinión, informada verazmente y respetuosa de la cultura.

La consulta a los pueblos indígenas para la realización de megaproyectos es una piedra en el zapato del gobierno. En primer lugar, no existe regulación sobre este derecho humano en las normatividades federales o estatales, exceptuando en Chiapas y Puebla. El tema es controversial, además contra sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no existen amparos.