A principios de 2018, el presidente Trump firmó el reconocimiento a seis pueblos indígenas asentados en el estado de Virginia; este reconocimiento en la legislación federal a estas “tribus nativas”, con asentamientos milenarios en aquel territorio, tiene alcances jurídicos importantes, uno de ellos es que al otorgarle soberanía a estos grupos nativos -como prefieren llamarles los blancos americanos-, obtienen el derecho a un gobierno propio. En estas “tribus”, según la legislación, sus gobernantes podrán establecer relación con el gobierno de los Estados Unidos, teniendo acceso a servicios y presupuesto federal de la nación norteamericana. Hay que tomar en cuenta que este país no ha refrendado su adhesión al Convenio 169 de la OIT, la máxima herramienta jurídica internacional de los pueblos indígenas.

Menciono esta situación como ejemplo de los resultados obtenidos frente a la demanda de autonomía indígena que recorre los países que tienen minorías étnicas en su territorio. Desde hace muchos años se ha venido discutiendo en toda América y el mundo acerca de la necesidad de redefinir las relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos federales o centrales. Entre las fórmulas que se plantean en esta nueva visión, se menciona con insistencia el régimen de autonomía indígena.

En nuestro país, el levantamiento armado del EZLN colocó nuevamente el tema sobre la mesa de diálogo. La cuestión sobre la autonomía ha producido controversias y polarizaciones que seguramente se han quedado provisionalmente en el debate y las discusiones, sin llegar a concretarse propuestas de proyecto de autonomía. La deseada autonomía de los pueblos nativos es tan necesaria como beber agua. El temor de fraccionar el nacionalismo es un supuesto de la cultura dominante.

Las políticas indigenistas en México, tanto nacionalistas como globalizantes o neoliberales, han resultado un fracaso, de eso no cabe duda; los niveles de pobreza y marginación son males endémicos de los pueblos aborígenes, la educación es un risible disfraz, principia con mentores que no manejan la lengua aborigen de sus educandos y termina con un modelo educativo que no corresponde a la cosmovisión de los indígenas. ¿Así cómo? Las comunidades aborígenes, siguiendo la práctica del EZLN sobre gobierno autónomo, han logrado mejorías en todos los niveles aun con escaso apoyo institucional.

El nuevo grupo político en el poder ha generado expectativas en la restructuración de las políticas dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas, deseamos que no todo se quede en el cambio de membretes, urge la protección a las lenguas maternas, como también es necesario el resguardo, defensa y conservación de los territorios indígenas; es apremiante legislar sobre la presencia política de los indígenas en las cámaras legislativas federales y estatales. Ya no se trata de interpretar el pensamiento indígena, el meollo está en escuchar la voz viva de la población vulnerada, lo que se necesita es voluntad para hacerlo. (Continuará)