Moviendo los entretelones de los que, con asistida razón o no, tienen detenida momentáneamente la construcción de la infraestructura del Tren Maya, se puede ubicar el origen de la problemática en la ausencia de una consulta estructurada a los pueblos indígenas involucrados en los tramos de la vía férrea; tiene 30 años que nuestro país firmó el Convenio 169 de la OIT y en todo ese lapso la Cámara de Diputados no dio pie a iniciativa de ningún protocolo para aplicarse en una consulta a las naciones autóctonas mexicanas con las características de previa, libre, informada, adecuada culturalmente y de buena fe.

Justamente en estos días, en las instalaciones de la Universidad de Oriente, en Valladolid, se han analizado las iniciativas de la ley propuestas para lograr un dictaminen sobre la mejor forma de consultar a las 68 naciones indígenas mexicanas; el tiempo apremia, ya que la necesaria ley tiene fecha de promulgación: el 31 de marzo del presente año.

Los activistas anti-tren han encontrado en esta laguna legal un instrumento para navegar en sus fines particulares que dañan en gran manera las justas aspiraciones de desarrollo de una amplia comunidad étnica de la zona.

No se trata de minusvalorar los propósitos de estas agrupaciones, algunas tienen curriculum y otras de ellas son formadas por generación espontánea. Todas se encuentran molestas, ya que recientemente fueron exhibidas por el Ejecutivo como organizaciones financiadas por empresarios discordantes de la política de gobierno e incluso de recibir subvenciones extranjeras. En su momento las que fueron mencionadas enmudecieron ante la maculación de su honorabilidad.

Los quejosos afirman que se desforestarán 800 hectáreas, en el documento de sustentabilidad del proyecto se afirma que se reforestará la masa forestal perdida. Para un hombre de campo 800 hectáreas no representan alto porcentaje, este volumen corresponde al 7.4 % de la Reserva Ecológica Kuxtal, que a su vez es una mínima fracción en comparación con la masa forestal que se encuentra en los ramales contemplados en la infraestructura ferroviaria. Estos argumentos esgrimidos y otros relacionados con los ecosistemas resultan inconsistentes en evidencias científicamente comprobables. Al final únicamente muestran lo alejado de intereses de la colectividad.

Colocar descarriladores al Tren Maya resulta contrario a los intereses de los miles de trabajadores que ofertan su fuerza de trabajo en el tendido de la vía y al mismo tiempo frena la economía de los estados involucrados en la construcción de esta infraestructura. La mejor manera de buscar el bienestar de la región es, en lugar de cimentar confrontaciones, parlamentar y aclarar las dudas que surgen en la consecución de este agente de movilidad.

El Tren Maya es la última oportunidad de subir a esta región a la máquina del progreso. Es tiempo de guardar la mezquindad.