Tras más de dos meses de encierro, y en la perspectiva del serio problema económico que el país enfrentará en los próximos meses, tanto el gobierno federal como el local han dado pasos para su reapertura económica. Por un lado, el presidente dio por concluida la jornada de sana distancia, por el otro, el gobernador del estado declaró que el semáforo de Yucatán pasaba de rojo a naranja, ambas acciones cuando el número de infectados y de decesos se mantiene claramente en ascenso. Ante esta condición, el ahora famoso subsecretario de salud -Hugo López Gatell- ha intensificado sus mensajes llamando a la población a no considerar que la epidemia ha pasado y que por tanto hay que mantener fuertes medidas de prevención, incluyendo la de mantener el confinamiento para quienes estén en condiciones de hacerlo. Este momento nos da la oportunidad de observar una de las facetas de la manera como los ciudadanos nos relacionamos con el poder público.

Me resulta al tiempo sorprendente e ilustrativo que tanto la declaratoria de López Obrador como la de Vila se hayan visto inmediatamente seguidas de un impulso más o menos amplio en la población de volver a sus actividades ordinarias. En distintos espacios, personas de diversas características sociales y económicas ven en las nuevas disposiciones gubernamentales no nada más la posibilidad de realizar ciertas actividades, sino estrictamente el levantamiento de una prohibición y, en consecuencia, el permiso de actuar con la misma libertad que se hacía antes de la crisis. Esto es, al enfrentar la realidad de hoy, no pocos ciudadanos piensan que, como el gobierno ya no lo impide, no hay problema en salir a la calle, ir a restaurantes o visitar novios.

De alguna manera, una vez que los gobiernos reaccionan ante un problema externo a ellos -una enfermedad en este caso- entre las personas se extiende la actitud, no creo que llegue al nivel de convicción, de que lo que hay que hacer, hay que hacerlo por imposición oficial, olvidándose del problema que dio lugar a ella.

De esta forma, si el gobierno levanta la ley seca quiere decir que ya se puede tomar, pero también que si se suspende el confinamiento obligatorio, pues ya no hay que quedarse en casa. Se deja de lado, en este segundo caso, que la medida deriva de una condición que existe fuera de las decisiones del gobierno, una enfermedad en expansión, de forma tal que aunque éste dé permiso de salir a visitar familiares, esto de ninguna manera significa que el riesgo de contagiarlos o contagiarse esté conjurado. La materialidad del problema, la pandemia misma, se pierde de vista y se concluye que es correcto hacer lo que ya no está prohibido.

Temo que esta íntima oficialización de la realidad prolongará y agravará la epidemia y sus efectos. Espero estar totalmente equivocado.