Hace algunos días, nos despertamos con la noticia de que el enemigo público número 1 del país era el robo de gasolina. Tras referir que esto cuesta 60 mil millones de pesos al año, López Obrador tomó medidas extraordinarias para combatir este delito, destacadamente cerrar los ductos que trasladaban el combustible y que eran perforados para el hurto en cuestión.

La consecuencia inmediata fue la insuficiencia del abasto del hidrocarburo en varios estados de la República, generando un descontento muy amplio entre quienes lo utilizan directamente en sus vidas diarias, como automovilistas particulares, o en sus actividades laborales. El tema ha polarizado opiniones.

He reiterado en diversas ocasiones que estoy muy lejos de simpatizar con López Obrador, y no tengo reparos en criticar acciones de su gobierno de las que disiento; sin embargo, en este caso, tengo dudas que no alcanzan el grado de objeciones.

El narcotráfico es un problema sin solución mientras la cocaína sea ilegal en los Estados Unidos, y al mismo tiempo la base del gigantesco negocio de su distribución interna y del contrabando de armas en el que nuestro innoble vecino se ceba, al tiempo que los mexicanos ponemos los muertos.

Por el contrario, el robo de combustible es un problema que claramente puede ser solucionado por el Estado, dado el papel central de Pemex en su producción, distribución y comercialización, y las características mismas del producto, que impiden su fabricación por pequeñas bandas delictivas.

Es decir, a diferencia de Calderón, Andrés escogió enfrentarse a un problema que realmente puede solucionar y que, en esa medida, aportará a legitimar un gobierno cuyo autoritarismo amenaza con restarle popularidad tarde o temprano.

Mis dudas tienen que ver con otros aspectos de la actuación del gobierno federal.

En primer lugar, no tengo elementos que me den la certeza de que el tamaño económico del hurto sea el anunciado, 60 mmp anuales, medida que será, en última instancia, la del éxito de este combate que se puede ganar.

Tampoco tengo la información necesaria para concluir que el abrupto cierre de ductos fuera una acción indispensable para abordar el problema, más aún cuando la única solución al problema de abasto está siendo la reapertura gradual y controlada de los propios ductos, pues la distribución con pipas fue insuficiente.

Finalmente, queda por ver si a los empresarios que fueron los principales beneficiarios del robo les resultan confiscados sus bienes y ellos son encarcelados.

Afortunadamente, en este caso, las dudas se podrán aclarar en pocos meses, si efectivamente los delincuentes no quedan impunes y si la facturación de Pemex se incrementa en montos compatibles con las cifras del robo anunciadas por el gobierno.